La auditoría sobre Aguas de Valencia confirma todos los puntos del despido del ex consejero delegado
El informe de auditoría de la gestión desarrollada por Aurelio Hernández y Francisco Pontes como consejero delegado y director general de Aguas de Valencia confirma todos los puntos recogidos en la carta de despido entregada hace un mes a ambos ejecutivos, entre ellos la modificación de los criterios contables de la empresa para elevar los resultados del ejercicio, según fuentes vinculadas al consejo. Modificar los criterios contables de una sociedad que cotiza en bolsa sin comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores constituye una violación objetiva de la ley del mercado. Su calificación jurídica tiene una componente subjetiva, puede variar desde el mero despiste hasta la maquinación para alterar el precio de las cosas, un delito.
La auditoría confirma también que tanto Hernández como Francisco Pontes, su sucesor en la dirección general, cobraron medio millón de euros sin justificación, recibieron compensaciones que desbordaban sus retribuciones normales y autorizaron varios contratos sin conocimiento del consejo de administración.
Las mismas fuentes confirman que los representantes de Saur, filial del grupo Bouygues, y del Banco de Valencia en el consejo de Aguas de Valencia -los dos únicos accionistas que, a su vez, cotizan en bolsa- se negaron en rotundo a alcanzar ningún tipo de acuerdo con los ejecutivos despedidos.
Emivasa, la sociedad mixta constituida por Aguas de Valencia y el Ayuntamiento de la ciudad para gestionar el suministro de agua potable a los vecinos de la capital, aprobó el nombramiento de Alberto Alonso Pozas como director gerente de la empresa. Pozas sustituyó a Hernández y Pontes como responsable ejecutivo de Aguas de Valencia. Los representantes socialistas en el consejo votaron en contra y exigieron criterios profesionales para la selección del director.
