Las OPA serán por el 100% cuando se supere la mitad del capital o del consejo

Las empresas que quieran comprar más del 50% de otra sociedad o que quieran designar a más de la mitad de los consejeros de ésta deberán lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones. Además, según el texto del real decreto que tiene previsto aprobar en breve plazo el Gobierno, se obligará a ofertas por el 10% cuando la compra sea inferior al 25% o se asigne entre un tercio y la mitad de los consejeros. Los cambios también suprimen el derecho de mejorar una oferta competitiva al que lanza la primera OPA y permiten entregar los avales hasta 48 horas después de presentarla.

El objetivo de la reforma es "aumentar la protección de los accionistas minoritarios", según explicó Rodrigo Rato. Éstos se han visto perjudicados en algunas operaciones recientes porque las empresas lograron sortear la obligación de presentar una oferta pública de adquisición (OPA) quedándose al borde del mínimo legal, que está establecido en el 25% del capital de la sociedad adquirida. Los pequeños accionistas se quedaron sin prima a pesar de que el control de la sociedad cambió de manos.

Para evitar este tipo de situaciones, el real decreto que prepara el Gobierno y que está en fase de borrador tiene en cuenta el cambio en el control de la sociedad además de la participación cuantitativa que se adquiere en la operación. En este sentido, la modificación obligará a lanzar una OPA por al menos el 10% del capital cuando la intención del comprador sea nombrar entre un tercio y la mitad de los consejeros. Además exige presentar una oferta pública por el 100% del capital cuando el objetivo sea hacerse con al menos el 50% del capital de la sociedad o controlar a más de la mitad de los sillones de su consejo de administración.

Si una empresa llega a esos porcentajes en el plazo de dos años a través de distintas operaciones también estará obligada a lanzar una oferta.

La ley vigente, aprobada en 1991, establece la obligación de lanzar una oferta dirigida a todos los accionistas por el 10% cuando se pretende adquirir más del 25% del capital -el resto se puede comprar a un accionista de referencia o en el mercado- y establece un límite máximo del 75% cuando la oferta implica el control de más de la mitad de las acciones de la sociedad. En los casos en el que el comprador tiene ya una participación significativa -al menos del 25%- que desea incrementar también exige una OPA por al menos el 10% de los valores.

La reforma no sólo modifica los requisitos que exigen lanzar una OPA. También retoca el procedimiento que siguen estas operaciones, que se volverá más flexible. Hasta ahora la empresa que quería adquirir una participación significativa de otra compañía hacía una oferta y ésta podía ser mejorada en un mínimo del 5% por otros interesados. Pero el primer oferente tenía derecho a mejorar su oferta inicial y la de los competidores. Rato anunció ayer que a partir de ahora se podrán presentar mejoras sucesivas de la oferta inicial y cerrarlo con el método de subasta al mejor postor. Aunque no precisó cuántas ni en qué forma, la idea que baraja Economía es imponer un límite temporal de dos meses a este proceso. También se elimina la exigencia de que la mejora mínima sea del 5%, de tal forma que se puede producir un proceso similar al de una subasta, lo que en principio debería beneficiar a los accionistas.

Menos riesgos de filtración

Otra medida que ayer destacó Rato tiene como objetivo hacer más difíciles las filtraciones que permitan beneficiarse sólo a una minoría cuando se producen estos procesos de compra. Hasta la fecha, la ley obliga a presentar los avales bancarios que respaldan la OPA antes de presentarla ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esto entraña un alto riesgo de información privilegiada. Ahora, se podrá presentar hasta 48 horas después de presentar la OPA, con lo que reduce claramente ese riesgo.

Este cambio normativo no es el único en la agenda inmediata de Economía. Rato también anunció, en el acto de presentación del informe de la Comisión Aldama, escoltado por el presidente de este grupo de expertos, Enrique Aldama, y por el ministro de Justicia, José María Michavila, y frente a un grupo nutrido de empresarios, que el Gobierno enviará en febrero al Congreso el proyecto de Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.