La CHJ acumula 23.000 expedientes de regularización de agua de pozos

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) acumula 23.000 expedientes de regularización de aguas subterráneas para su inscripción en los registros creados con la Ley de Aguas de 1985. Según la CHJ, la falta de personal, la complejidad de unos trámites "rigurosos" y los retrasos de los usuarios de los pozos en facilitar datos eternizan el proceso. Frente al ingente número de expedientes pendientes, sólo se han registrado 5.197 pozos.

La CHJ considera que los expedientes abiertos para el registro de usos anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985 y las posteriores peticiones de concesión reflejan la situación real del aprovechamiento de aguas subterráneas y que son pocos los pozos que escapan ya a su control. No comparte esta opinión la Fundación Marcelino Botín, que presentó recientemente en Valencia el resultado de años de investigación de un equipo multidisciplinar sobre las aguas subterráneas. Responsables del estudio resaltaron la necesidad de clarificar la "caótica" situación legal de la propiedad de los pozos y calcularon en al menos un millón el número de extracciones ilegales en el territorio español. La CHJ, por contra, afirma que muchos pozos se han dejado de utilizar y que de los que no están pendientes de inscripción "no se sacan volúmenes apreciables de agua".

La regularización de aguas subterráneas y superficiales privadas ya se previó en la Ley de Aguas de 1985, que las convirtió en dominio público hidráulico, pero los registros creados para inscribir los aprovechamientos "han provocado numerosísimos problemas de interpretación" y de "gestión", según el estudio de la Fundación Aguas subterráneas, retos y oportunidades, lo que unido a la falta de medios que reconoce la propia CHJ, han conducido a un atasco administrativo que mantiene abiertos miles de expedientes 17 años después de iniciado el proceso, a los que se han unido peticiones nuevas de extracción.

La CHJ tiene en proceso 23.000 regularizaciones de pozos o manantiales de aguas subterráneas, mientras que sólo se han resuelto 5.197 expedientes. Estos datos de la CHJ se refieren, en su gran mayoría, a aprovechamientos en la Comunidad Valenciana, y en menor medida en Cuenca y Teruel, zonas que también están bajo su competencia. El organismo prevé que se tardará entre tres y cinco años en poner al día los 23.000 expedientes, de los que unos 10.800 se refieren a pequeños pozos que no extraen más de 7.000 metros cúbicos al año, y 1.500 se incluyen como cálculo aproximado de nuevos casos que deberá resolver en ese plazo.

También bajo la gestión de la CHJ quedan por registrar unos 5.000 pozos de la Unidad Hidrogeológica de La Mancha Oriental. Aparte de pozos y manantiales, hay otros 3.173 expedientes para inscribir aguas superficiales, que incluyen aprovechamientos tanto para riego como industriales o urbanos, frente a 3.936 ya liquidados.

La Ley de Aguas que entró en vigor en enero de 1986 estableció que todas las aguas superficiales y subterráneas pasaran al dominio público hidráulico. Para controlar y regularizar los recursos hasta ese momento privados, la norma creó dos herramientas: el Registro de Aguas y el Catálogo de Aprovechamientos de Aguas Privadas. Los titulares de pozos que eligieron la inscripción en el registro, con un plazo que expiró en 1989, gozan de protección administrativa y tienen garantizado el uso durante 50 años, tras los cuales tienen opción preferente para la concesión. En el caso del catálogo, que se cerró en octubre de 2001 por exigencia de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, los propietarios no cuentan con estas ventajas y deben dirimir en los tribunales posibles conflictos por el uso de sus recursos, que se respetan indefinidamente mientras no se declaren sobreexplotados o se modifiquen los pozos y se extraiga más agua, para lo cual es preciso tener autorización. Del catálogo de aguas subterráneas, la CHJ tiene pendientes 5.000 expedientes.

Mientras, en el Registro de Aguas confluyen en diversas secciones los pozos anteriores a la ley de 1985, de los que deben tramitarse aún 2.300. Además, en el registro hay 15.700 expedientes que reúnen concesiones posteriores a 1985, pozos que han modificado sus características, la previsión de nuevas tramitaciones, y el grueso de las extracciones menores de 7.000 metros cúbicos al año (unos 10.800 expedientes).