La Agència de Turisme financió una campaña institucional a través de diez empresas públicas

Diez empresas y entidades públicas compartieron el coste de una millonaria campaña de publicidad institucional contratada en 2001 por la Agència Valenciana de Turisme (AVT) al margen de los criterios establecidos en la ley de contratos de las Administraciones Públicas, según el último informe de la Sindicatura de Cuentas. El Síndic señala que varias empresas públicas no han podido demostrar que recibieran ninguna contraprestación por los servicios que financiaron de acuerdo con los convenios de colaboración individualizados que firmaron con la AVT.

El informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al año 2001 señala que la Generalitat contrató una campaña de publicidad institucional de cobertura nacional para la difusión de la Comunidad Valenciana con un presupuesto de licitación de 4,5 millones de euros (745 millones de pesetas) que fue adjudicado a la empresa Publicis España, SA.

Hasta ahí, impecable. Pero el estricto lenguaje de los informes de fiscalización empieza a retorcerse cuando añade que, "a diferencia de otros años", "esta actuación ha venido promovida por la Generalitat mediante encargo a la AVT de su coordinación".

El primer rejón del informe corresponde a la agencia, que "mediante sus procedimientos habituales", "no ha aplicado las prescripciones establecidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" para adjudicar la campaña. Una exigencia que se acentúa al actuar "como mandataria de la Generalitat" en la adjudicación un contrato de notable magnitud.

El informe describe cómo se contabilizó el coste del contrato en el capítulo de gastos de la agencia sin mayores problemas.

Y explica a continuación cómo se financió la operación. "La AVT suscribió 10 convenios de colaboración por importes individualizados de 450.759 euros" con diez empresas públicas, desde el Ivex hasta Emarsa pasando por CACSA o la Sociedad Parque Temático de Alicante. Los fondos recabados se consignaron en la contabilidad de la agencia como un abono en el capítulo de "importe neto de la cifra de negocios".

Es decir, la Generalitat encomienda a Turisme la gestión del contrato de una campaña que financian de forma alícuota otras diez empresas porque la agencia carece de los fondos necesarios para pagarla y, además, se contrata de forma irregular. El posterior análisis de la contabilidad de cada una de las empresas pone de manifiesto los vicios de la operación.

Cuando el Síndic describe las cuentas de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, Emarsa, la empresa pública que asume la construcción de depuradoras o la gestión de aguas fecales, se detiene en una partida correspondiente al capítulo de "publicidad, propaganda y relaciones públicas" por importe de 450.759 euros,que "corresponden al convenio de colaboración" suscrito con Turisme. El Síndic explica que tal convenio no "concreta las prestaciones a efectuar por la AVT ni la justificación del importe estipulado como contraprestación". Emarsa apenas dispone de una factura en la que "no se detallan las prestaciones efectuadas". "En consecuencia", concluye el Síndic, "no se ha podido constatar la efectiva realización de los servicios de publicidad de la actividad de saneamiento". La posibilidad de incorporar el circuito de las aguas residuales a una campaña de promoción institucional parece, efectivamente, compleja.

El mismo caso aplica a sociedades como Vaersa, responsables de la gestión de residuos sólidos o el Instituto de la Pequña y Mediana Empresa (Impiva), que el Síndic aborda en términos similares, o el Instituto Valenciano de la Vivienda que, según el informe de fiscalización, violentó su propio objeto social cuando firmó el convenio de colaboración con la Agència de Turisme.

Las consideraciones del Síndic sobre la financiación de la millonaria campaña de publicidad institucional se producen en un momento especialmente sensible sobre la relación de la Generalitat con los medios de comunicación a raíz del supuesto interés de Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat y actual ministro de Trabajo, por involucrar a la poderosa empresa francesa Bouygues en la financiación de un grupo de medios afín que incluiría periódicos, radios y televisiones locales con ocasión de la renovación del contrato de gestión del agua potable de Valencia por un periodo de cincuenta años.

"Confusión y despilfarro"

Joaquim Puig, portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, dijo ayer que "el Consell usa las campañas de publicidad institucional para difundir valores propios del PP y contrata selectivamente su inserción para financiar los medios afines".

El portavoz socialista considera que el episodio descritopor el Síndic ilustra "la absoluta confusión de papeles entre la institución y el partido en que el PP ha sumido a la Generalitat" y "la utilización de las empresas públicas para financiar el despilfarro".