El desalojo de las ideas
El futuro de la Casa de Iniciativas de Málaga peligra al reclamar el dueño su devolución
El Centro Social-Casa de Iniciativas de Málaga (CS-CI) es hoy un lugar vivo. Empezó a serlo en agosto de 1998, cuando el Movimiento contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social abanderó la ocupación de este inmueble de la calle Postigo de Arance. Poco a poco, los numerosos movimientos sociales que allí confluyen han convertido este vestigio del centro histórico en sede de actividades lúdicas, culturales, políticas o sociales. Participan, entre otros, Ninguna persona es ilegal, Zambra, CGT, MPDL, Menhinos da Rua o grupos de inmigrantes de Ghana y Ecuador. "Es un espacio abierto y cualquiera puede traer una idea", comenta Mario Palomeque. Este joven madrileño llegó hace unos y encontró lo que entiende como "un santuario catalizador de gente activa". "Si nos sacan de aquí", continúa, "todo se desvanecerá".
Como Palomeque, unos 100 jóvenes, muchos universitarios, suelen acudir a un lugar que, según cuentan, decidieron ocupar después de solicitar sin éxito un local al Ayuntamiento de Málaga. El lugar fue elegido porque llevaba 15 años abandonado y por estar situado en un vecindario de escasos recursos que mezcla lo autóctono con el colorido de la inmigración. Los colectivos estiman que han invertido unos 36.000 euros para apuntalar una casa en la que se realizan talleres, exposiciones y hasta alguna boda, comunión o funeral de personas sin recursos.
La gestión del local la realiza una red de colectivos sociales de Málaga. Pero los Juzgados de lo Civil dictarán en breve sentencia sobre el procedimiento de desalojo abierto por uno de los propietarios. Algunos de los integrantes de esta especie de cooperativa de ideas son abogados. Una de ellas, que prefiere no identificarse, además de gestionar algunos asuntos de los vecinos del barrio, sabe de sobra que en la Ley de la Propiedad no hay letra pequeña y que están abocados a salir de allí tarde o temprano. Lo que no concibe nadie en el centro social es que el Ayuntamiento no haya aplicado un acuerdo de 6 de mayo de 1999 que les abrió unas puertas que ahora se cierran. Entonces, IU y PSOE se unieron para instar al consistorio a realizar un estudio para adquirir el inmueble y cederlo al Movimiento contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social y los "demás movimientos sociales que allí se reúnen y realizan sus actividades". Entonces el PP gobernaba en minoría y se abstuvo. Tres años y medio después, con mayoría absoluta de los populares, aquel acuerdo plenario es papel mojado.
Un portavoz del consistorio argumenta que la ausencia en los registros oficiales de los colectivos aludidos impedía mover ficha al gobierno municipal. La concejala de Bienestar Social, María Victoria Romero, asegura que solicitó a los grupos que formalizaran su situación para poder articular cualquier apoyo, "pero no lo hacen por una cuestión de principios". Mientras Romero sostiene que el contacto se ha roto por decisión de las asociaciones, éstas esgrimen una serie de misivas al ayuntamiento para interesarse por la aplicación del acuerdo.
Los miembros del centro social creen que hay un "vacío institucional", ya que su única baza, el acuerdo plenario, les ha fallado. Y ante la Ley de la Propiedad de nada sirven las 700 firmas de apoyo que han recibido de profesores y estudiantes universitarios, vecinos y asociaciones.
Consumo responsable
Uno de los servicios que emanan del Centro Social-Casa de Iniciativas de Málaga (CS-CI) es la primera tienda de consumo responsable de la ciudad, según destaca Rafael Galán, una de las seis personas que la han puesto en marcha y miembro de la asociación Consumo Cuidado.
"Se puede encontrar todo lo que una persona necesita para vivir". En el establecimiento tienen cabida la agricultura ecológica, la producción sostenible y la promoción de pequeños productores y artesanos. Pero la gran diferencia con los comercios convencionales es que el pastel económico-mercantil se reparte de diferente forma.
El comercio justo implica que los productores reciban un tercio de lo que genera cada artículo vendido, sea fruta, ropa, café, productos de limpieza, bebidas o aceite de oliva. "Normalmente, el productor de origen recibe entre el 5% y el 10% del precio, el vendedor obtiene el 30% y el resto se lo quedan las firmas comerciales y los intermediarios", explica Galán.
"Es el gran problema de los países del tercer mundo, que ven cómo las grandes multinacionales se llevan sus materias primas y productos a precio de risa", subraya Galán mientras muestra el establecimiento situado junto al Centro Social-Casa de Iniciativas. Los promotores de la idea pretenden que, por ejemplo, la región más pobre de México (Chiapas) reciba unos beneficios razonables por el café que allí se cultiva. El café de Chiapas es el producto estrella del comercio justo.
Lo cierto es que el precio de los artículos sube cuando entra en juego la conciencia. "Es difícil porque las producciones ecológicas, sostenibles y dedicadas al comercio justo son menores. Aquí, la mayoría de productos ecológicos son importados, por eso son más caros", puntualiza Rafael Galán.
