Los socialistas ven inconstitucional negar la reinserción, pero no subir la pena a 40 años

El PSOE mantiene que negar la reinserción de etarras es "inconstitucional", y es "un grave error político" porque dificulta la lucha contra ETA. Los socialistas, sin embargo, admiten que sí tiene "encaje constitucional" subir de 30 a 40 años la pena máxima de cárcel, "si se garantiza un margen para la resocialización". El Gobierno responde que "los terroristas tienen acreditada la utilización del Estado de derecho en su beneficio y sin respetarlo en absoluto", y tilda de "ingenuidad" la propuesta del PSOE de que los etarras que "abjuren" de la violencia no tengan que cumplir la pena máxima efectiva, que subirá a 40 años. Hoy comienzan las conversaciones para consensuar esta reforma penal.

"El problema no es que 40 años de prisión máxima sea inconstitucional y 30 años no, ambas penas máximas pueden tener un encaje constitucional. Lo que no lo tiene es que se niegue el principio de reinserción social, que se condene sin margen de maniobra", subrayó ayer el diputado socialista Juan Fernando López Aguilar tras conocer el anuncio del presidente del Gobierno, José María Aznar, de que el Ejecutivo elevará de 30 a 40 años el tiempo máximo de cumplimiento de condena.

La Constitución, añade, lo que no admite es la cadena perpetua ni que se niegue la reeducación de los presos. Su artículo 25.2 señala que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social".

Búsqueda de la reinserción social, prevención general del delito y defensa de la sociedad. Éstos son los postulados que informan la Ley Orgánica General Penitenciaria que el PSOE no quiere cuestionar sino "reforzar", según la dirección de este partido. Ahora bien, el PSOE coincide en que hay que reformar la ley para evitar que individuos condenados por crímenes muy graves disfruten de beneficios penitenciarios de acortamiento y relajación de sus condenas "sin que se demuestre reinserción alguna; a veces acreditándose incluso lo contrario al mostrar su voluntad de continuar en las mismas tesis violentas", señala un documento elaborado por el primer partido de la oposición.

Arrepentimiento

Estos criterios no son en absoluto compartidos por el Gobierno, que desconfía "rotundamente" de cualquier posibilidad de arrepentimiento de los etarras, y teme que dejar cualquier resquicio sería aprovechado "torciendo el espíritu de la ley" como ya "hicieron los cómplices de ETA en el pasado". El Ejecutivo recuerda la fórmula que utilizaban los parlamentarios de Herri Batasuna para adquirir su condición de diputados o senadores: "Por imperativo legal" acataban la Constitución, pese a ser evidente que ni aceptaban la Carta Magna ni tenían la más mínima voluntad de cumplir con sus postulados.

"La reinserción no es una cláusula bienpensante, es un mandato constitucional, es la oreintación imperativa de todas las penas privativas de libertad", replica López Aguilar. Además, "es políticamente torpe decirle a los etarras ya condenados que hagan lo que hagan se van a pudrir en la cárcel".

Para obtener la libertad provisional gracias a la reinserción, los socialistas proponen que, además de haber cumplido las tres cuartas partes de la condena, "el sujeto haga expresa declaración de repudio de sus delitos y de abandono de la violencia y petición también expresa de perdón a las víctimas de los mismos". Además debe darse un informe de los técnicos (Junta de Tratamiento) del centro penitenciario que acredite que efectivamente el sujeto está desvinculado ambiental e ideológicamente de la violencia.

El Ejecutivo responde que hay que evitar "puertas falsas", porque "está acreditado que los terroristas las utilizan para burlar el Estado de derecho". Se trata, subraya, "de que cumplan la ley, pero toda la ley".

El debate comenzará esta semana y el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere "mantener una expectativa positiva sobre las posibilidades de lograr un acuerdo final" con el Ejecutivo, y así se lo ha transmitido a su portavoz de Justicia.

El Gobierno pretende que esta reforma alcance el más amplio consenso parlamentario y quiere que su puesta en práctica siga la pauta marcada en agosto para que el Congreso de los Diputados instara a la ilegalización de Batasuna. El desencadenante entonces fue un atentado de ETA en Santa Pola que se cobró la vida de una niña y un transeúnte. Ahora, recuerdan en el Gobierno, la reforma fue anunciada, en líneas generales, el 12 de septiembre, y "su necesidad es patente para la mayoría de la sociedad", con ejemplos como "el atentado que costó la vida al guardia civil Antonio Molina, la huida de Josu Ternera y los permisos carcelarios de Juan Roldán".

Pero, según el PSOE, de lo que se trata es de "girar el foco de atención desde el Prestige hacia la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, áreas en las que el Ejecutivo se maneja con más comodidad". Además, los socialistas defienden que el endurecimiento de las penas máximas sólo tiene sentido en el ámbito de la lucha antiterrorista. "Es verdad que hace falta lanzar un mensaje contundente de política penitenciaria en la lucha contra el terrorismo, pero no existe en España un problema general de dureza legal", subraya López Aguilar.

El Gobierno mantiene que el Pacto Antiterrorista no es el marco más idóneo sino que debe tratarse en el Congreso y, de forma más técnica, en el Pacto de la Justicia, del que forman parte todos los partidos del arco parlamentario. Argumenta que el cumplimiento íntegro de las penas que aprobará no se aplicará sólo al terrorismo sino a todos los crímenes muy graves. Además, la reforma también contempla medidas de endurecimiento de penas para los condenados por sustraer dinero público y limita el acceso al tercer grado para todos los delitos graves (penados con más de cinco años) hasta cumplir íntegramente un periodo de seguridad.

En opinión del PSOE, la decisión del Gobierno de unir esa medida antiterrorista, que podrían compartir si se supera el escollo de la reinserción, con las restantes es sólo una argucia para intentar esquivar el Pacto Antiterrorista, que prevé expresamente que cualquier cambio legal que afecte a la política antiterrorista se acuerde allí.