El reto de encarecer el crimen

Desde que ETA nació, el 21 de julio de 1959, y desde que mató a su primera víctima, el guardia civil José Pardines Arcay, en Guipúzcoa, el 7 de junio de 1968, poco ha cambiado en el comportamiento de los presos etarras. Tras 34 años de crímenes, son muy pocos los reclusos de la banda arrepentidos, decenas los condenados con penas de más de cien años, pocos los que han cumplido más de 20 y ninguno que haya pasado 30 años en la cárcel.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias corrobora que cada año salen de prisión etarras con varios crímenes a sus espaldas, que, tras pasar un máximo de 22 años en prisión y sin haberse retractado en ningún momento de sus fechorías, vuelven a la calle.

"La Constitución no prohibiría condenas de 40 años", afirma el socialista López Aguilar

El etarra Eugenio Irastorza, que ingresó en presidio en el mes de febrero de 1980, por asesinato y atentado frustrado, y que continúa todavía en la prisión de Almería, es uno de los pocos -"seguramente el único", según afirman en Instituciones Penitenciarias- que va a pasar más de 22 años en la cárcel. "No obstante, sería muy raro que llegara a más de 25, a pesar de que fue condenado a 96 años", añade una fuente de Instituciones Penitenciarias.

Asesinar a dos personas en España viene a condenarse de igual manera que si se matara a veinte. Ésa es la opinión del Gobierno. A partir del primer cadáver, "sale muy barato matar", según subraya el ministro de Justicia, José María Michavila.

Ni un día más

Si la reforma que pretende implantar el Partido Popular, en consenso con el resto de los partidos, fragua, ninguno de los etarras que ya están en prisión pasará ni un día más de los que ya tienen asignados, puesto que la ley no tiene carácter retroactivo. Sin embargo, a los siguientes etarras la estancia se les va a hacer más larga. Pero... ¿cuál sería el máximo de tiempo que pasaría en prisión un preso?

"Treinta años", responde José María Michavila, "el límite que impone nuestro Código Penal".

Aunque también ese límite máximo es modificable. La comisión integrada por once letrados que ha elaborado sus propuestas de reforma de leyes -y ya las ha enviado al Gobierno- no ha planteado de momento la reforma del Código Penal, que sí fue planteada en el marco del Plan de contra la Delincuencia, presentado por el Gobierno en septiembre pasado. Por ello, ésta no está por completo descartada. ¿Aceptaría el PSOE una reforma en ese sentido, para que la condena llegue a ser de más de 30 años? "Se puede estudiar", responde Juan Fernando López Aguilar, responsable de Justicia socialista.

"No es lo mismo 40 años de cárcel para crímenes gravísimos que cadena perpetua. La Constitución señala que la condena ha de tener una función resocializadora; por tanto, prohíbe la cadena perpetua. Pero no prohibiría una condena de 40 años. Habría que estudiarlo", concluye López Aguilar.

De momento, tanto el Partido Popular como el PSOE tienen como meta entenderse para ampliar el número de años que los asesinos con más crímenes a sus espaldas pasarán en las cárceles. A ambas formaciones les parecen pocos años. Y para ello es preciso reformar el artículo 78 del Código Penal. Pero el PSOE y el PP discrepan en el método que se debe seguir.

"De entrada, la manera en que el Gobierno ha decidido anunciar la reforma ya nos parece mal", señala López Aguilar. "Nos enteramos por una conferencia de prensa de José María Aznar de que el martes 3 de enero, después del Consejo de Ministro, se aprobará el anteproyecto de ley. ¿Qué manera es ésa de respetar el Pacto Antiterrorista?", se pregunta el portavoz socialista para cuestiones de Justicia.

Sin embargo, y a pesar de lo lo que les separa, tanto los populares como el partido socialista saben que habrán de entenderse.

"Lo que no puede ser", arguye el ministro de Justicia, "es que el hombre que mató en Sevilla al matrimonio Jiménez Becerril cobre un sueldo de mis impuestos, como lo ha cobrado. Y que haya 194 condenados por terrorismo que hayan ocupado puestos de concejales. Y que te venga a resultar lo mismo matar a una persona que matar a diez. El Estado de derecho se nos va por el desagüe del régimen penitenciario. Con la reforma de las leyes se pueden evitar muchas cosas. Cuando empezamos a tipificar la kale borroka como terrorismo callejero, algunos dijeron que era una locura. Sin embargo, este año ha habido sólo 12 acciones de kale borroka y el año pasado fueron 390. Se ilegalizó Batasuna y no ardió el País Vasco".

"Por tanto", señala Michavila, "ha llegado el momento de plantarle cara al terrorismo con todas las armas del Estado de derecho".

Bajo esa premisa, el PP y el PSOE intentarán mañana llegar a un acuerdo. Son muchas cosas las que les separan. El PSOE aboga por que el etarra que quiera acogerse a los beneficios de reducción de condena haga una declaración expresa del repudio de sus delitos y el PP considera que eso serviría de muy poco. Además, el los socialistas opinan que los populares utilizan una vez más el terrorismo con fines partidistas. En este caso, para tapar la crisis del Prestige.

La sombra del Prestige planeó de un lado a otro en la conferencia del jueves en la que el ministro de Justicia, José María Michavila, presentó la memoria del año 2002 de su departamento y se sometió a todo tipo de preguntas referentes a la ley para el "cumplimiento íntegro de penas por terrorismo y otros delitos graves". Aznar había reunido ese día, durante dos horas, al comité ejecutivo nacional de su partido con motivo de la crisis desatada por el naufragio del Prestige y la marea negra sobre Galicia. Sin embargo, terminada la reunión, el PP sorprendió al PSOE y a todos los medios anunciando una ley para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.

Minutos después, en el Ministerio de Justicia, los periodistas querían saber por qué el PP -que desde que presentó el programa electoral que le llevó al poder lleva hablando del "cumplimiento íntegro de las condenas"- planteó la reforma precisamente el jueves, tras el comité extraordinario que iba a abordar la crisis del Prestige.

Respuestas preparadas

Y Michavila ya tenía preparada su colección de respuestas: "Lo teníamos anunciado desde hace tiempo. Desde el pasado 12 de septiembre. Pero además, ha sido después de Ermua [reacción ciudadana contra ETA surgida tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 12 de julio de 1997] cuando la sociedad española se ha armado moralmente y podido hacer todo este tipo de cosas: penalizar la kale borroka como terrorismo callejero, ilegalizar a Batasuna y, finalmente, exigir el cumplimiento máximo de la pena. Hay cosas que eran impensables hace dos años. El pasado 14 de septiembre, en Copenhague, todos los ministros de Justicia de la Unión Europea me manifestaron su apoyo a la ilegalización de Batasuna".

El ministro Michavila y el portavoz de Justicia en el PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ya tienen buen trato entre ellos y un amplio historial de encuentros y desencuentros fraguado en las decenas de reuniones que mantuvieron para sellar el pacto de Estado por la Justicia, el pacto antiterrorista y el de la ley de Partidos por el que propugnaban la ilegalización de Batasuna.

Saben que tienen que entenderse. Pero eso no impide que cada uno vaya esgrimiendo sus diferencias ante la prensa. Michavila opina que la efectividad de lo que propugna el PSOE, en relación a que los etarras pidan perdón por sus crímenes, "no se lo cree ni el propio PSOE".

"Que un criminal pueda acogerse a los beneficios penitenciarios por un falso perdón me parece... tan fácil para ellos, tan poco práctico", afirma Michavila.

Sin embargo, López Aguilar estima que cada vez que un etarra repudie sus delitos se abre una grieta en lo que ETA llama el "frente penitenciario". "Eso serviría para desmoralizar a la organización", añade López Aguilar.

Tras ese debate, el PP y el PSOE lograrán un acuerdo, presumiblemente antes de un mes. Pero existen penalistas que no piensan como el PSOE ni como el PP. Uno de ellos es Francisco Muñoz Conde, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Muñoz Conde señala: "El Partido Popular viene preconizando el endurecimiento de las penas de prisión desde hace años. Lo que sorprende es que el partido socialista se una a ellos. Se ve que es lo políticamente rentable. Jurídicamente me parece todo esto un disparate. Va contra principios elementales de la idea de reinserción en la que se basa la constitución. Si dentro de 10 años ETA deja las armas, ¿habría que modificar de nuevo el Código Penal?".