El Poder Judicial expedienta a la juez acusada de maniobras para excarcelar a Mario Conde

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el martes, por unanimidad, abrir expediente disciplinario a la juez de vigilancia penitenciaria número 2 de Madrid, María del Prado Torrecilla, a raíz de las denuncias formuladas por dos de sus colegas y una secretaria judicial sobre presiones e intromisiones en favor de la excarcelación de Mario Conde, condenado a 20 años de cárcel por el Supremo. La comisión pide al instructor del expediente que proponga con la "máxima urgencia" si procede la suspensión cautelar de la juez Torrecilla.

El portavoz del CGPJ, Enrique López, informó que la comisión disciplinaria ha designado instructor del expediente al magistrado Eduardo Calvo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, quien deberá informar "con la máxima urgencia" si procede decretar la suspensión cautelar de la juez Torrecilla.

Por su parte, el vicepresidente del CGPJ y presidente de su comisión disciplinaria, Fernando Salinas, calculó que la propuesta del instructor sobre la suspensión se producirá "antes de fin de año", tras la inmediata declaración que se tomará a la juez Torrecilla.

Dos faltas muy graves

La comisión disciplinaria analizó las denuncias formuladas por los jueces de vigilancia penitenciaria de Madrid número 1, María Reyes Jimeno , y número 3, José Luis de Castro, así como por la secretaria judicial María Cristina Chamorro, y a la vista de los relatos coincidentes sobre la conducta de la juez Torrecilla, consideraron que, de comprobarse su veracidad, podrían incurrir en dos faltas calificadas legalmente como "muy graves" y sancionables con suspensión de funciones, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.

Una de las dos faltas muy graves consiste en "la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado". La posible aplicación de esta falta se sustenta, entre otros hechos, en las manifestaciones de la juez Torrecilla denunciadas por la juez Jimeno, de que "consideraba obligado que a dicho penado [Mario Conde] se le concediera inmediatamente el tercer grado de tratamiento".

En la misma falta podría haber incurrido la juez Torrecilla durante una ausencia de la juez Jimeno. Según la denuncia, Torrecilla averiguó que un recurso de Mario Conde había entrado en el juzgado de su colega y redactó una resolución que firmó la juez sustituta, Josefina Molina, en la que se requería un informe del director de la prisión donde cumple condena Conde.

El juez José Luis de Castro relata que la juez Torrecilla le comunicó que "estaba muy preocupada por el tema de Mario Conde" y que fuera a verla a su juzgado. "Me presento en su despacho", prosigue De Castro, "y me refiere que van a presentar una querella contra la juez titular de vigilancia número 1 por prevaricación; que indicara este hecho a la referida titular, preguntándole si estaba dispuesta a recibir al abogado de Mario Conde el lunes 16". La juez Jimeno se negó, por considerar que la estaban amenazando.

Abuso judicial

La otra falta muy grave consiste en "el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales". Dicha conducta se desprende de las denuncias de la juez Jimeno y la secretaria judicial Cristina Chamorro, cuando ambas refieren que el director de la prisión donde está internado Conde, Jesús Calvo, les dijo que "estaba muy preocupado porque había recibido numerosas llamadas" de la juez Torrecilla "presionándole para que emitiera un informe lo más favorable posible para poder fundar una resolución favorable a la concesión del tercer grado al interno Mario Conde".

La comisión disciplinaria no ha tomado en consideración todavía las opiniones atribuidas a la juez Torrecilla sobre que la condena a Conde era "una barbaridad" y que el Tribunal Supremo "había prevaricado", que incurrirían en la infracción disciplinaria de "falta de respeto a los superiores".

Según el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, los escritos de Conde en los que denuncia a la juez Jimeno, por denegarle un permiso, y al juez decano de Madrid, por supuesto incumplimiento de las normas de reparto, han sido remitidos a la Inspección, "dado que parecen referirse a una actuación jurisdiccional, que no debe mezclarse con lo disciplinario".