Abogados por oposición

España es el país europeo con más abogados por habitante. Y el único donde la obtención de la licenciatura en Derecho y la colegiación son los únicos requisitos para ejercer de letrado ante un tribunal. Esta situación cambiará a medio plazo porque el Gobierno tiene listo un anteproyecto que endurecerá el acceso a la profesión. El compromiso es aprobarlo en esta legislatura.

Aunque el borrador está aún abierto al debate y el Gobierno quiere consensuarlo con la oposición, el texto que circula entre los profesionales del derecho deja una cosa clara: los futuros abogados deberán someterse a una "prueba de aptitud" tras obtener la licenciatura.

España es el país europeo con más abogados por habitante. Hay 137.887 colegiados, 101.300 de los cuales son ejercientes

En un principio, cuando se conoció un primer borrador la pasada primavera, esta prueba estaba concebida como un gran examen final, algo así como una segunda selectividad para estudiantes de Derecho, de carácter anual y convocada por el Ministerio de Justicia. El tribunal encargado de valorar esa prueba estaría formado por un magistrado o juez, un profesor universitario, un representante del ministerio y un abogado. Algo muy parecido a una oposición como las que reparten las plazas de fiscal o juez, pero sin número cerrado de puestos a cubrir en la que los aspirantes deberían demostrar su capacitación para ejercer como letrado.

Hoy, y a falta de que el texto definitivo del anteproyecto vea la luz, parece que esa prueba podrá ser sorteada si el futuro letrado obtiene "una formación práctica adicional y específica para ejercer", explica el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, institución que agrupa a todos los colegios profesionales y que defiende la necesidad de regular el acceso a esta profesión. Esos cursos alternativos deberían darlos entidades acreditadas.

Sea cual sea el filtro empleado, el efecto será el mismo cuando entre en vigor la ley, coinciden varios expertos: se crean nuevas barreras de entrada al mercado legal y se retrasa la edad de incorporación al ejercicio de los abogados más jóvenes, algunas de cuyas asociaciones han criticado la propuesta, al igual que algunos colectivos de estudiantes de Derecho.

"Se va a exigir más formación por lo que es previsible pensar que se reducirá el número de abogados", reconoce Carnicer. Para el presidente del Consejo de la Abogacía, el objetivo principal de la propuesta no es aligerar un mercado saturado, sino que "el Estado garantice que el que dice que es abogado tiene la preparación necesaria".

En España hay 137.887 abogados colegiados, 101.300 de los cuales ejercen su profesión, según la estadística del Consejo General de la Abogacía correspondiente al año 2001. Esto quiere decir que hay 346 abogados por cada 100.000 habitantes, una proporción que supera con creces la de países como Francia -"sólo en Madrid [38.239] hay más abogados que en toda Francia", asegura un experto- o Alemania. Su número se ha incrementado al ritmo que las 75 facultades de Derecho repartidas por todo el Estado facturaban a sus licenciados, los últimos tres años a un ritmo cercano al 2% anual, según la misma estadística colegial.

Una prioridad del Ejecutivo

El objetivo de la iniciativa del Ejecutivo, que está recogida en el Pacto de Estado por la Justicia y según el ministro José María Michavila es una prioridad de su departamento, es mejorar la formación de estos profesionales, garantizar que la asistencia que prestan a los ciudadanos reúne unos mínimos de calidad y homologar su situación con la de sus colegas de los otros 14 países de la Unión Europea, donde ya existen requisitos similares. En Alemania, por ejemplo, los futuros letrados están obligados a seguir tres años de formación práctica que son comunes para jueces, fiscales y otros profesionales del Derecho, tras los cuales deben someterse a un gran examen final, explica el presidente del Consejo General de la Abogacía.

Para otros no está tan clara la relación entre las barreras de entrada al mercado propuesta y la mejora del servicio que éstas persiguen. Ésta es la opinión de Fernando Marcos, profesor del Instituto de Empresa y autor del estudio Mercado de la abogacía y controles de acceso, para quien el alto número de abogados que hay en España no tiene nada que ver con la calidad del servicio legal que se ofrece. Para este experto dificultar el acceso a la profesión de abogado podría poner en peligro la competencia. "Lo que habría que preguntarse primero es si es necesario controlar el acceso a la abogacía y luego por qué el sistema elegido en España es diferente al del resto de los países de la Unión Europea", concluye Marcos.

En cualquier caso los efectos de la nueva norma tardarán en verse. En primer lugar porque aún no están claros los tiempos de la propuesta, si bien la intención del Gobierno es enviar al Congreso y aprobar el texto antes de que concluya esta legislatura, es decir, antes de la primavera de 2004 y los detalles más jugosos, como la forma de la "prueba de calidad" quedarán para el desarrollo reglamentario. Pero también porque el anteproyecto incluye una moratoria de cinco años con la intención de dejar a salvo a quienes ya hubieran empezado sus estudios de Derecho cuando la ley entre en vigor.