Movilización contra la pena de muerte

Es lo más cerca que se puede estar de tres docenas de resucitados. Treinta y seis condenados a morir en la silla eléctrica o por inyección letal, absueltos y convertidos en hombres libres, se reunieron el domingo y el lunes en Chicago para clamar contra el castigo irreversible y pedir al gobernador de Illinois que dé una nueva muestra de valor, vaya más allá de la moratoria que impuso a la aplicación de la pena capital y conmute 160 sentencias de muerte pendientes de ejecución. "El sistema que nos condenó y sentenció a morir tiene demasiados defectos como para confiarle la extinción de vida humana", dice la carta firmada por los supervivientes.

La epístola fue entregada el lunes por la tarde al gobernador, George Ryan, tras una marcha a pie de 60 kilómetros hasta el penal de Stateville, donde se ejecutan las condenas en Illinois. Fue una marcha de relevos, iniciada de madrugada, en la que participaron 31 exonerados.

El gobernador de Illinois debe decidir antes del 13 de enero el destino de los que esperan su ejecución

Gary Gauger, fue el primero en partir de las puertas del penal en el que pasó 22 meses esperando su cita con la muerte, condenado por el asesinato de sus padres en virtud de una confesión arrancada de mala manera y el testimonio de un soplón. Luego se demostró que los asesinos habían sido miembros del grupo motero Outlaws.

Gauger dice que no puede dormir desde el día que fue detenido y su firma es una de las 36 de la carta de dos escuetos párrafos entregada al gobernador en la que se le implora que tenga en cuenta las injusticias e irregularidades de sus casos a la hora de decidir sobre el destino de otros 160 condenados en Illinois. "Otros como nosotros están en el pasillo de la muerte, esperando que se produzca un milagro", dicen los signatarios.

"Pero no debemos confiar en los milagros. No siempre ocurren ni llegan a tiempo para evitar la ejecución", señaló Lawrence Marshall, director del Centro sobre Condenas Erróneas, una entidad relacionada con la Universidad de Northwestern que ha contribuido a liberar a 9 de los 13 exonerados en el Estado de Illinois.

Marshall fue el promotor de la doble jornada del domingo, una reunión en la universidad, y la marcha del lunes a favor de la absolución de los ejecutables. Los actos se convirtieron en un intenso alegato contra la pena de muerte en Estados Unidos. "Eliminar el racismo y el clasismo en el sistema penal y acabar con la pena de muerte es, hoy día, la lucha por los derechos civiles", dijo Denise LeBoeuf, directora de un centro sobre exoneración de pena capital en Luisiana.

El gobernador Ryan impuso una moratoria hace tres años en Illinois tras una cadena de 13 absoluciones que desnudó las innumerables deficiencias del sistema penal en Estados Unidos. Una posterior comisión recomendó 85 reformas para evitar la repetición de los fatales errores y a la luz de esas recomendaciones y la revisión pública de más de 140 casos en octubre, Ryan debe decidir antes de abandonar su cargo el 13 de enero el destino de los 160 condenados a muerte en Illinois.

"Estos que están aquí", dijo Marshall refiriéndose a los 36 exonerados que llenaron el domingo el escenario de un teatro de la universidad, "son prueba viviente de que es un esfuerzo inútil el distinguir entre los que han recibido una sentencia que no suscita dudas y otra que plantea problemas, porque el sistema está abocado a condenar inocentes. Si el sistema se hubiese aplicado, algunos de los aquí presentes hubiesen sido ejecutados, porque todos -la comunidad, la acusación, los familiares de la víctimas- estaban convencidos de que eran culpables".

"Yo sólo quiero que se sepa que algunos de los condenados que dicen ser inocentes, son inocentes", subrayó Ronald Jones, librado de la muerte por una prueba del ADN. "¿Dónde estaría yo ahora de no haber sido por el ADN?". Pero el ADN sólo es aplicable al 20% de los casos de delitos graves, según Marshall: "¿Qué hacemos con el 80% restante?".

Junto a los alegatos de los abolicionistas, el gobernador ha escuchado también a familiares de víctimas que exigen la ejecución del asesino, en casos que no arrojan duda sobre la culpabilidad. Ryan guarda silencio. Un portavoz suyo asegura que el gobernador ha descartado conmutar las penas de todos los condenados.