Un matrimonio denuncia la entrega de su hija en acogimiento preadoptivo
Un matrimonio de Alcalá de Guadaira (Sevilla) ha denunciado que la Junta ha entregado su hija de dos años en acogimiento preadoptivo, pese a que han expresado ante el juez de Familia su oposición al desamparo y a que en estos casos es obligada la autorización judicial para cualquier medida sobre los menores.
La Junta comunicó el pasado 26 de noviembre al matrimonio formado por R.G.B. y R.O.A. que su hija va a ser entregada en acogimiento preadoptivo porque, a su juicio, se ha confirmado la situación de desamparo y ante la "irreversibilidad de la situación" que les incapacita para ejercer la paternidad.
El abogado de los padres, José Antonio Bosch, aseguró que esta decisión de la Junta es "ilegal y delictiva" porque existe un expediente judicial de oposición promovido por el matrimonio y además en estos casos la ley establece que toda decisión sobre los hijos debe ser supervisada por el juez.
Este caso es uno de los asumidos por la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), en una campaña en la que denuncia que el 99% de las declaraciones de desamparo infantil se decretan en familias "pobres y excluidas" y sin un trabajo social para evitar las situaciones de riesgo.
Entrega
La Junta ha decidido la entrega de la niña, según el abogado, sin informar al juez de Familia 17, al que tampoco ha remitido el expediente administrativo completo, lo que a su juicio es "una dilación injustificada" que lesiona los derechos de las personas implicadas. Según comunicó la Consejería de Asuntos Sociales a los padres, la niña les fue retirada cuando tenía un año porque vivía en una vivienda "semi-derruida, sin luz ni agua, en la que pasaba la mayor parte del tiempo sentada en un carrito en una habitación en penumbra y sin relacionarse con nadie, por lo que presentaba una falta de estimulación".
Los intentos de recuperar el núcleo familiar habían sido "infructuosos", según la declaración de desamparo, porque los padres habían sido consumidores de drogas y alcohol, el padre mantenía una actitud "alterada y agresiva" y ambos eran "incapaces de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad". El letrado, sin embargo, asegura que "las circunstancias objetivas y subjetivas de los padres en la fecha de resolución del desamparo en nada se asemejan a las actuales", y añade que la Junta "no ha intentado la reinserción de la niña con su familia extensa, pues tiene varios tíos dispuestos a hacerse cargo de ella".
La administración basó su resolución en que al matrimonio le han sido retirados otros tres hijos, pero según Bosch el primero de ellos es fruto de una anterior relación del padre que se crió con un tío porque R.G.B. trabajaba entonces como marinero, y un supuesto hijo retirado a la madre "se lo ha inventado la Junta, porque no existe".
