Pacheco cree ilegal que la oposición dirija Onda Jerez
La pugna por el control de los medios de comunicación municipales en Jerez terminará en los tribunales a tenor de lo visto en el pleno extraordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de esta localidad andaluza. La oposición (PP, PSOE e IU), tal y como estaba previsto, consiguió dejar en minoría al Partido Socialista Andaluz (PSA) en el Consejo de Administración de Jecomusa, la empresa municipal que gestiona Onda Jerez radio y televisión, al modificar los estatutos y quitar un consejero a los andalucistas para concedérselo a los populares.
La modificación de los estatutos, posteriormente, permitió sustituir a Pedro Pacheco por la concejal del PP Felisa Rosado en la presidencia de Jecomusa. Dicha sustitución salió adelante con los votos a favor del PP y PSOE. IU decidió abstenerse.
La oposición justificó sus votos con el argumento de que Pedro Pacheco ha convertido Onda Jerez televisión en un instrumento político a su servicio, olvidando el carácter de servicio público con el que nació y marginando a todo aquel que no comulgue con las ideas e intereses del alcalde. "Onda Jerez es, hoy por hoy, un impagable instrumento de propaganda al servicio de la campaña electoral de Pedro Pacheco", manifestó el edil socialista Antonio Fernández Ortega.
El PP, por su parte, anunció su intención de solicitar una auditoria para aclarar el destino dado a los 18 millones de euros que, según los populares, se han inyectado en la televisión pública jerezana desde 1991.
Recurso
El alcalde jerezano restó ayer toda validez por defectos de forma. Según Pacheco, la oposición no presentó a tiempo la documentación necesaria a la hora de solicitar la celebración de la sesión plenaria. El regidor recurrió a la Ley de Base de las Haciendas Locales para explicar, por otro lado, que el cambio de consejeros en Jecomusa precisaba de la aprobación de dos terceras partes del pleno, porcentaje que no se dio. La delegada municipal de Presidencia, Rosa Bautista, anunció la presentación de un recurso contencioso-administrativo en contra de lo aprobado por el pleno.
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