El Parlamento andaluz está a la cabeza de las cámaras autonómicas en recursos al Constitucional
La asamblea promoverá el miércoles su octavo litigio, con la demanda a la Ley Financiera
El Parlamento andaluz promoverá el próximo miércoles su octavo recurso de inconstitucionalidad desde que gobierna José María Aznar. Esta vez se presenta contra la llamada Ley Financiera, que -a juicio de todos los grupos de la Cámara, con la excepción del PP- invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de cajas de ahorro. La Cámara andaluza se sitúa a la cabeza de todas las asambleas legislativas de España en la interposición de este tipo de iniciativas. Cinco de los ocho recursos están relacionados con el anterior modelo de financiación autonómica.
El Parlamento andaluz no había hecho uso de su capacidad de recurrir leyes del Estado ante el Tribunal Constitucional hasta la V Legislatura (1996-2000) -que coincide con la llegada del Partido Popular al Gobierno central-, en contraposición con las asambleas legislativas de País Vasco y Cataluña, que sí habían planteado varios conflictos. Aunque el reglamento de la Cámara andaluza mencionaba brevemente esta posibilidad en su artículo 170, ni siquiera se había desarrollado un procedimiento, que finalmente se establece en septiembre de 1998.
Es la polémica sobre el sistema de financiación autonómica del quinquenio 1997-2001 la que inaugura los recursos. De hecho, este asunto es el que concentra el mayor número de litigios (cinco). La plena coincidencia de los grupos políticos de la Cámara (salvo el PP) en el rechazo al citado modelo -que, entre otras cuestiones, no contemplaba el censo real de población de Andalucía- hace posible un grado de consenso desconocido para intentar contrarrestar los dictados del Gobierno central.
En 1997 se recurrieron tres leyes: Cesión de Tributos del Estado la Comunidades Autónomas, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónoma (LOFCA), y los Presupuestos Generales. En los dos años posteriores (1998 y 1999) se llevan también los presupuestos del Estado al alto tribunal. Las negociaciones entre la Junta y el Gobierno para pactar el sistema de financiación de 2002 a 2006, que culminaron con éxito, frenan los conflictos de este bloque, pero no la promoción otros nuevos.
Leyes básicas
La primera ley básica a la que el Parlamento de Andalucía presentó recurso que no tuviera que ver con la financiación autonómica es a la de creación del Parque Nacional de Sierra Nevada. La Cámara autonómica se sumó al conflicto planteado por el Gobierno andaluz -quien en la actualidad se acerca ya a la treintena de recursos-, al entender que el Estado se colocaba en una situación de primacía en las funciones de la cogestión del parque.
Las otras dos normas son la Ley Orgánicas de Universidades (LOU), a la que se le imputó la vulneración del principio de autonomía universitaria y del mismo Estatuto de Autonomía, y la conocida como Ley Financiera, cuyo recurso está previsto aprobar el miércoles próximo. Esta última tiene una singularidad: el Gobierno central la ha aprobado con posterioridad a la controvertida Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía, que mantiene enfrentado al PP con el resto de los grupos políticos. En síntesis, despoja a la comunidad de la capacidad legislativa para determinar el reparto de la representación en las entidades, y sustrae del ámbito de la Junta a las cajas de fundación de la Iglesia, como es el caso de Cajasur.
El hecho de que el Parlamento de Andalucía esté a la cabeza en recursos de inconstitucionalidad de las cámaras autonómicas, según fuentes jurídicas consultadas, se debe en buena parte a que el País Vasco hace varios años que dejó llamar a las puertas del alto tribunal para rebatir la legislación estatal, y que en Cataluña CiU gobierna con la ayuda de los populares.
El recurso a la Ley Financiera -el nombre completo es Medidas de Reforma del Sistema Financiero- se produce en la recta final de las negaciones entre la Junta y el Gobierno central para la liquidación de la financiación autonómica anterior y el traspaso de las competencias de las políticas activas de empleo. Ambas Administraciones se han dado de plazo para culminar las gestiones hasta el 31 de este mes.
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