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Reportaje:

Las ataduras de Enagás y Gas Natural

Comercializadoras y CNE creen que un pacto entre el operador y su antigua matriz obstaculiza la competencia en gas

Enagás niega la mayor, pero tres comercializadoras y la Comisión Nacional de la Energía creen que el contrato suscrito con su antigua matriz y mayor accionista actual, Gas Natural, preserva para ésta la hegemonía en el mercado liberalizado del gas. Su denuncia, que está siendo investigada por el Servicio de Defensa de la Competencia, ha propiciado ya cambios en el borrador de la nueva regulación de las actividades de transporte, distribución y comercialización gasista con el fin de impedir que se bloquee contractualmente la entrada de nuevos operadores.

La italiana ENI habla de "procedimientos diseñados por Enagás y Gas Natural para obstaculizar" su entrada "en el mercado español"

Gas Natural, el antiguo monopolio, ha podido hacer suya la máxima de Lampedusa en la novela El Gatopardo, "cambiar para seguir igual", en el proceso de liberalización del mercado y de segregación de su filial Enagás como compañía operadora del sistema gasístico español. Eso temen, al menos, Iberdrola, cuyo consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán, no ha ahorrado críticas en este punto al grupo catalán, y las comercializadoras controladas por la italiana Eni y por la francesa Gaz de France, y así se lo han hecho saber a la Comisión Nacional de la Energía.

Falta de explicaciones

El conflicto, que ha llevado a decir incluso al secretario de Estado de la Energía, José Folgado, que los contratos suscritos entre Enagás y Gas Natural "como mínimo, deben ser debidamente explicados", surgió ante la negativa del operador de sistemas a reservar la capacidad de regasificación y transporte que le solicitaban para atender a sus clientes cualificados las tres comercializadoras citadas. Gas Natural, el grupo presidido por Antoni Brufau, se les había adelantado y había reservado para su negocio buena parte de la capacidad de la que va a disponer Enagás en los próximos años.

Iberdrola, en concreto, solicitó hace unos meses a Enagás una reserva de capacidad en su planta regasificadora de Barcelona para poder atender, a partir del 1 de enero de 2004, a sus clientes cualificados. Esta compañía, junto a Endesa, Unión Fenosa, Hidrocantábrico, BP y Shell, se hizo con la adjudicación del 25% del contrato de suministro de gas argelino por gaseoducto, en una subasta forzada por el Gobierno para facilitar la entrada de nuevos operadores en el proceso de liberalización de este mercado energético. Todas consiguieron clientes cualificados para este gas, cuya concesión termina el 31 de diciembre de 2003, y ahora necesitan servicios de regasificación y transporte para poder seguir atendiéndolos con aprovisionamientos contratados en otros países y con otras compañías. "La negativa del operador de infraestructuras a prestarnos este servicio", aseguran fuentes de una de las empresas que se siente perjudicada por Enagás, "pone en peligro los esfuerzos e inversiones realizadas y las carteras de clientes que hemos conseguido y atenta contra la propia liberalización del mercado del gas".

Enagás, en respuesta por escrito a la citada solicitud de Iberdrola, señaló que no era posible atender su demanda "por no disponer de capacidad en la planta de Barcelona para el periodo solicitado". Más tarde, y de forma verbal, amplió su negativa por las mismas razones a prestarle el servicio requerido desde sus plantas de Cartagena o Huelva.

En una tesitura parecida se encontró Eni España Comercializadora de Gas al solicitar a Enagás reserva de capacidad para atender el contrato suscrito con Hidrocantábrico y Eléctrica del Baix Llobregat -controlada por Gaz de France- que le solicitó reservas de acceso a la red y regasificación para atender a su futura central de ciclo combinado en Martorell. Las tres recurrieron en su defensa a la Comisión Nacional de la Energía. La filial de la italiana Eni denunció en sus alegaciones que Enagás incumple la normativa vigente, al no estar justificada la denegación de su solicitud y al no respetar con ello el principio de "no discriminación". A su juicio, la decisión del operador técnico del sistema gasístico puede responder a "procedimientos diseñados por Enagás y Gas Natural para obstaculizar" su entrada "en el mercado español, abusando de su evidente posición de dominio".

Un contrato suscrito por Gas Natural con Enagás en julio de 2001, un año antes de la segregación y privatización de esta última, subyace tras esta sospecha de los italianos. El presidente de Enagás, Antonio González-Adalid, señala, sin embargo, que "es curioso" que la polémica se plantee ahora, pese a que Defensa de la Competencia y la CNE cuentan con una copia de ese contrato desde el momento de la firma, y cuando existen contratos con otros 14 operadores para reserva de capacidad y acceso a redes de su compañía suscritos en fechas cercanas al cerrado con Gas Natural. "Esto demuestra que el citado contrato no cierra el mercado", agrega, "sino que permite, junto con los otros contratos, asegurar su abastecimiento". Recuerda González-Adalid que Enagás tiene la obligación de garantizar el consumo a los clientes regulados, aquellos que aún no pueden elegir suministrador.

La CNE, sin embargo, aceptó las alegaciones contra Enagás y dictaminó que la empresa operadora del sistema gasístico está obligada a darles acceso a sus plantas de regasificación y a sus redes. El presidente de la Comisión Nacional de la Energía, Pedro Meroño, ha declarado en público que el contrato entre Enagás y Gas Natural "no parece adecuado para permitir la entrada de otros competidores en el mercado", unos días después de remitírselo al Servicio de Defensa de la Competencia.

Fianzas y contratos a corto plazo

La resolución de la CNE en favor de Iberdrola, Eni y Gaz de France, no ha sentado bien en Enagás ("que nos diga la CNE qué contratos debemos incumplir para darles el gas solicitado a esas tres compañías", ha llegado a declarar González-Adalid). Para Enagás el problema surge por la insuficiencia de su infraestructura para atender todas las peticiones de paso y de regasificación. "Como reservar es gratis, muchos operadores se han asegurado el uso de la infraestructura, aunque es dudoso que algunos vayan a utilizar lo que han solicitado", ha declarado su presidente.Un argumento que ha llevado al Ministerio de Economía, al margen de lo que pueda resolver Defensa de la Competencia sobre el contrato entre Enagás y Gas Natural, a introducir una exigencia de avales a las empresas interesadas en reservar capacidad de regasificación, transporte o distribución, y almacenamiento, a las empresas propietarias de dichas infraestructuras. Así lo ha fijado en el borrador de decreto para la regulación de estas actividades que ha enviado a la CNE.Doce mesesLa cuantía de la fianza será, en principio, equivalente a 12 meses de contrato y se hará efectiva a la firma del mismo, aunque se restituirá al año del inicio del suministro.El borrador de decreto incluye también la obligación de los propietarios de infraestructuras a destinar una cuarta parte de su capacidad a contratos a corto plazo, entendiendo por tales los inferiores a dos años.La introducción de fianzas y las exigencias de plazo en la contratación tratan de evitar en el futuro conflictos como el planteado ahora con Enagás. Entretanto, ésta deberá renegociar con algunas compañías que han reservado sus infraestructuras para liberar capacidad con la que atender a Iberdrola, Eni y Gaz de France. Algunas empresas, como Unión Fenosa, han retrasado ya la puesta en marcha de alguna central de ciclo combinado.

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