La juez registra el HSBC año y medio después de estallar Gescartera

La juez Teresa Palacios ordenó ayer, año y medio después de que estallase el escándalo de Gescartera, el registro de la sucursal en Madrid del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). La comisión judicial registró alrededor de 15 despachos, entre ellos el del director general de la entidad en España, Peter Atkins, y se incautó de abundante documentación, según informaron fuentes jurídicas.

Aunque la magistrada no estuvo presente en la diligencia, la entrada y registro del HSBC fue acordada, de conformidad con el fiscal Vicente González Mota, en el marco de la pieza secreta, con actuaciones policiales, que consta en el sumario de Gescartera.

Fuentes de la investigación señalaron que la comisión judicial integrada por la secretaria judicial y agentes de la Brigada de Delincuencia Economico-financiera, buscaban rastros documentales de los contratos con los que se abrieron en la sucursal de Madrid las 138 cuentas secretas con un importe global de 11.292 millones de pesetas (67.866.286 euros). Se trata de las mismas cuentas a las que se refirió el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, el 27 de octubre de 2001 en la comisión de investigación de Gescartera, del Congreso.

La decisión del registro, según fuentes jurídicas, obedece a las declaraciones realizadas en el sumario de los dos últimos imputados del caso Gescartera: Jaime Galobart y Jesús Pantoja, ex director general y apoderado, respectivamente, del HSBC Bank en Madrid.

El primero señaló que había firmado dos de los contratos, que conocía a las personas que los suscribían, pero se negó a revelar su identidad por entender que no tenían relación alguna con Gescartera.

Rastro documental

El segundo, como apoderado de la entidad, aseguró que firmó la mayoría de los contratos, porque así lo exige su cargo, aunque él no se encargó de la gestión de las cuentas opacas a las que hacían referencia. Pantoja y Galobart precisaron además que todos los contratos se firmaban en Suiza, y que se desplazaban expresamente a aquel país con ese objeto.

Los investigadores consideraron entonces, a pesar de que el banco cerró las 138 cuentas antes de concluir 2001, que podría quedar en la sucursal de Madrid algún rastro documental de los contratos firmados, aunque no lo hubiera de las cuentas.

La comisión judicial se personó ayer por la mañana en la plaza de Ruiz Picasso número 1, en las plantas 32 y 33 de Torre Picasso y procedió a registrar los despachos de los ejecutivos, que además fueron instados a abrir las cajas fuertes. Sobre las dos de la tarde, la comisión judcial abandonó el edificio, tras haberse incautado de abundante documentación que ha empezado a ser analizada por la Brigada de Delincuencia Economico-Financiera.

Algunas de las acusaciones del caso Gescartera cuestionaron ayer un registro realizado año y medio después de destapado el escándalo. "Sería milagroso que encontrasen algo", declaró ayer un letrado que prefirió no ser identificado.