Más intervencionismo

El Gobierno hizo público ayer un catálogo de 34 condiciones para autorizar la operación de concentración entre Vía Digital y Sogecable (esta última, participada por el Grupo PRISA, editor de este periódico). Sin prejuzgar la decisión que adopten las compañías afectadas en defensa de sus legítimos intereses, hay que destacar que el texto gubernamental impone una panoplia de condiciones exorbitantes por su cuantía y detalle y rezuma intervencionismo en todo su articulado. Un intervencionismo que tiende a convertir a la televisión de pago en un sector tan regulado o más que los sometidos a tarifa, como la electricidad o el gas; que impone a empresas privadas condiciones propias de compañías públicas o de titulares de una concesión del Estado, y que, en suma, pone entre interrogantes el liberalismo que predica el Ejecutivo.

Cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dictó sus diez condiciones para la fusión, el ministro del ramo tecnológico, Josep Piqué, no dudó en reputarlas de "muy duras". Y mientras distintas fuentes gubernamentales aseguraban que, de acuerdo con la tradición, el Gobierno no haría otra cosa que convertirlas en doctrina, lo que a la hora de la verdad ha hecho es multiplicarlas. Como los panes y los peces, las diez condiciones se han convertido en 34.

Al ya duro catálogo del TDC, que se supone elaborado para garantizar la apertura del mercado a otros operadores y evitar perjuicios indebidos a los consumidores, se le agregaron todas las limitaciones imaginadas y por imaginar: las de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), las alegaciones de la competencia (el sector del cable), los apuntes de las asociaciones de consumidores, etc.

Tal afán sumatorio es difícilmente compatible con la necesidad de encauzar la televisión digital por parámetros de solvencia empresarial y fortaleza competitiva en un marco europeo. Lo cierto es que se ha engendrado un modelo caracterizado por un régimen de tarifas reguladas, una desmedida discrecionalidad en las competencias de vigilancia atribuidas a la Administración, y por la consiguiente reducción al mínimo del margen de maniobra de empresas al fin y al cabo privadas en un sector que se suponía liberalizado.

Para ilustrar las anteriores conclusiones basten tres ejemplos, a simple título indicativo. Uno es el sistema de fijación de precios del servicio, que deberá ser "determinado anualmente" por el Servicio de Defensa de la Competencia, una mera dependencia del Ministerio de Economía, previo informe de la CMT. Otro es el extremo casuismo con el que se pretende regular la oferta de la plataforma resultante, de manera que se prohíbe la venta de paquetes a terceros operadores cuando la compra a las grandes distribuidoras se realiza a través de paquetes formados por productos de desigual calidad. Y el tercero es la prohibición taxativa a los accionistas de referencia de Sogecable de establecer acuerdos estratégicos con cualquier compañía del Grupo Telefónica en el ámbito de medios de comunicación distintos a la televisión de pago y a la operación de concentración que se contempla.

El Gobierno ha exorbitado las condiciones específicas que deberían asegurar la apertura del mercado a terceros competidores y garantizar la defensa del consumidor. Al concebir la plataforma resultante como una mera autopista tutelada por sus servicios, como si se tratase de una compañía pública o de una concesionaria, le ha impuesto exigencias que olvidan la esencia de la operación: una fusión entre empresas privadas.