Cardenal considera que el Parlamento vasco no delinquió al mantener la actividad de Batasuna

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se opuso ayer a iniciar acciones penales contra los integrantes de la Mesa del Parlamento vasco que rechazaron la suspensión del Grupo Parlamentario de Batasuna, en contra de lo dispuesto por el juez Baltasar Garzón en un auto del pasado 26 de agosto, que decretó la suspensión de actividades del partido abertzale radical.

Asimismo, fuentes de la fiscalía aseguraron ayer que Cardenal informará el próximo lunes en contra de la admisión a trámite de la querella presentada en octubre por el Gobierno vasco contra el juez Baltasar Garzón por supuesto delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta).

El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina había informado previamente a Cardenal que estimaba que la Mesa de la Cámara vasca y las Juntas Generales de Vizcaya podrían haber incurrido en un delito de desobediencia a las resoluciones judiciales por no haber cumplido el auto de Garzón, en lo referente a la suspensión del Grupo Parlamentario de Batasuna. Cardenal no asumió la postura de Molina y, en cambio, solicitó un informe a la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado, cuyo dictamen ha servido de base al escrito de Cardenal.

En él, el fiscal general confirma las tesis expuestas por el Parlamento vasco, en el sentido de que la resolución judicial es de obligado cumplimiento, pero que el juez no puede compeler a las instituciones legislativas que serán quienes deban determinar la forma de ejecución. La fiscalía entiende que "no resulta sencillo concluir que los acuerdos de las Mesas de las Juntas Generales de Vizcaya y del Parlamento vasco constituyen una negativa abierta al cumplimiento de los autos del Juzgado Central 5".

La fiscalía no entra en el acierto o desaciertos de los razonamientos jurídicos expuestos en los acuerdos de las mesas de las Cámaras, pero admite la falta de identidad jurídica entre partido político y grupo parlamentario, pues "sin perjuicio de reconocer la estrecha relación que media entre ambos, lo cierto es que se trata de dos entidades jurídicamente diferentes".

Además, la suspensión judicial de Batasuna decretada por Garzón, según la fiscalía, no implica automáticamente la de los grupos parlamentarios de ese partido, pues esa decisión debe ser adoptada en el marco de la normativa parlamentaria que regula cada institución.

Fuentes de la Audiencia Nacional consideran que la decisión de Cardenal no afectará ni al sumario que instruye Garzón contra los dirigentes de Batasuna ni al proceso de ilegalización del citado partido abertzale que se tramita en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, manifestó que el informe del fiscal general "coincide plenamente" en las valoraciones y argumentos que esgrimió el órgano parlamentario. En declaraciones a Europa Press, Atutxa señaló que en la decisión de la Mesa no había "nada de desobediencia, nada de negativa a colaborar con la Justicia". Recordó que algunas formaciones políticas "alardearon" de que los miembros del PNV, EA e IU-EB podrían haber incurrido en delito de desobediencia o de colaboración con banda armada, cuando de lo que se trataba era de "una invasión de competencias que, por un patinazo de un juez, se ha pretendido hacer".