Fianza de 15 millones a los directivos de CPV

La juez instructora del caso CPV, Coro Monreal Huerta, ha dictado un auto por el que ordena a los cuatro directivos de la Comercializadora Peninsular de Vivienda (CPV) -acusados de una presunta estafa inmobiliaria a 1.200 familias de Madrid y que están en prisión- que depositen una fianza de 15 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

La resolución judicial decreta que el director general de CPV, Francisco García Moreno, y los tres administradores de la promotora -los hermanos Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez y Miguel Ángel García Morillo-, que se encuentran en prisión desde principio de este mes, aporten dicha cantidad para hacer frente a "la posible responsabilidad civil" que pudiera desprenderse de los hechos que actualmente se instruyen.

En el caso de que los cuatro procesados no pudieran cumplir la orden judicial, la juez Monreal procedería al embargo de sus bienes hasta satisfacer la cantidad impuesta en la fianza. Los acusados tienen tres días para recurrir el auto judicial.

Pedro López Arias, uno de los abogados personados en la causa, afirmó ayer que la cantidad impuesta en la fianza es "insignificante". "Quince millones de euros es muy poco. Ese dinero equivale sólo a la cantidad que pusieron los afectados para comprarse el piso", criticó el letrado.

Los cuatro imputados por el caso CPV se hallan en prisión desde el pasado día 6 por estafar y dejar en la estacada a las 1.200 familias de Madrid que en 1998 anticiparon dinero a CPV -una media de 18.000 euros- a cambio de casas en los nuevos barrios de Montecarmelo, Las Tablas y Sanchinarro.