El Consell zanja el problema del PP ilicitano al nombrar a Ortuño subdelegado en Elche

El Consell zanjó ayer a golpe de nombramiento el problema que el Partido Popular tenía en Elche y que se llama Manuel Ortuño. El veterano político fue nombrado subdelegado de la Generalitat en Elche, lo que le obliga a dejar su escaño en las Cortes Valencianas y a abandonar su cargo de presidente local del PP. Por otro lado, la larga lista de leyes en tramitación en las Cortes Valencianas crecerá dentro de unos días, cuando lleguen al Parlamento dos nuevos proyectos aprobados ayer por el Consell: el del Estatuto del Discapacitado y el que legislará sobre los perros de asistencia para personas dependientes, ambos presentados por la Consejería de Bienestar Social.

La designación del diputado autonómico del PP Manuel Ortuño Cerdá como subdelegado territorial de la Generalitat en Elche, aprobado ayer por el Consell, hay que leerlo más bien en clave interna de partido. Ortuño deberá renunciar a su escaño en las Cortes Valencianas así como a la presidencia local del PP de Elche. El partido del Gobierno se quita así de encima, de un plumazo, a un dirigente incómodo y a un diputado que, debido a sus constantes enfrentamientos con su propia formación, no habría tenido demasiados problemas para, llegado el caso, abandonar los bancos populares para pasar al Grupo Mixto de las Cortes. Ortuño, de larga experiencia política, ha llegado a plantar cara al mismísimo Eduardo Zaplana.

Por otro lado, el consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, que acompañó ayer a la portavoz del Consell, Alicia de Miguel, en la habitual conferencia de prensa que ésta ofrece después de las reuniones del Ejecutivo aseguró que el proyecto de ley del Estatuto del Discapacitado -que, afirmó, es el primer texto legislativo en esta materia en España- ha sido consensuado con las asociaciones más representativas. Blasco indicó que el texto recoge las relaciones entre la Administración y los discapacitados, regula la tipología de los servicios sociales existentes, e incluye medidas en materia educativa, sanitaria, laboral y asistencial. Y precisó que pretende favorecer la integración social y laboral del colectivo de discapacitados, que cifró en unos 300.000 valencianos. El proyecto prevé la gratuidad de los centros sociales de titularidad pública para las personas con discapacidad sin recursos económicos propios o de sus familias y aumenta hasta el 5% la reserva de plazas en el empleo público para discapacitados, que además tendrán reservadas el 3% de las plazas de formación profesional.

Mientras, el proyecto de ley sobre perros de asistencia para personas dependientes regula los derechos de las personas con discapacidad o dependientes a ser asistidos por animales y garantiza que toda persona con discapacidad o dependiente que necesite de perro de asistencia tenga derecho al libre acceso a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, y espacios de uso público y transportes. Con ello, aseguró Blasco, se elimina una "laguna" que existía tras la aprobación en 1995 de la ley de eliminación de barreras arquitectónicas.

Pero el trabajo legislativo del Consell no quedó ahí. Ayer también dio luz verde al anteproyecto de ley de creación del Colegio Oficial de Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana. Además, acordó declarar Bien Inmaterial de Interés Cultural el Betlem de Tirisiti de Alcoy, y decidió ampliar la Oferta de Empleo Público de 2000 en 300 plazas, con lo que el número total asciende a 1.100 plazas.