La tristeza de tener una parcela

La locura constructora ha creado en Madrid dos tipos de propietarios: unos muy afortunados y otros mucho menos. Los primeros son los dueños de suelo que han podido venderlo al precio que han querido (en general, altísimo) a promotoras y constructoras. Ejemplo: los futuros barrios de Sanchinarro y Las Tablas. Los otros son aquellos cuyos terrenos han sido elegidos por la Comunidad para edificar sobre ellos a través de consorcios. Este sistema supone, en la mayoría de los casos, la expropiación, un término que aterra a los propietarios porque el precio obtenido es muy pequeño.

Antonia Martín Alfonso tiene 57 años y corresponde a esta última categoría. Ella y sus cinco hermanos eran propietarios de un pequeño terreno de 210 metros cuadrados en el barrio de La Fortuna, en Leganés. Era la única herencia de su madre, una portuguesa que enviudó pronto y trabajó muy duro. Ninguno de los hijos sabía bien a qué destinarían aquel terrenito, en su día situado en pleno campo y hoy vecino de un flamante instituto y de un futuro polideportivo.

Desde hace tres años la duda no se plantea, porque ya no hay terreno. En 1999, la Comunidad les expropió el suelo a ellos y a sus vecinos para levantar 763 viviendas destinadas a gente con pocos recursos. A cambio, el Gobierno propuso inicialmente a esta familia una compensación de sólo 1.800 euros, según Antonia. Después del reparto, cada hermano tendría en el bolsillo 300 euros, lo que cuesta una televisión. Indignados, acudieron a un abogado, Félix Pérez. Y, finalmente, Urbanismo accedió a subir el justiprecio hasta 3.600 euros, según fuentes de la consejería. "Me sigue pareciendo una miseria. Nos están robando", se queja Antonia. Esta sensación ha llevado a la familia hasta los tribunales. La tasación que han presentado al juez valora el solar en al menos 12.000 euros.

Antonia, limpiadora en el Ministerio de Defensa desde hace 21 años, con un sueldo de 700 euros, es todo menos una terrateniente. Tampoco lo son sus hermanos. Ninguno de los seis herederos quiere dar un pelotazo con sus 200 metros de suelo. Pero, como alega el abogado, si la Administración "pretende hacer promoción social para los más necesitados, debe hacerla no a costa de la clase más desprotegida económicamente". Resignada a la expropiación, esta familia sólo pidió que les dejaran quedarse con uno de los pisos que se iban a construir. "Es imposible que les demos un piso porque sí", contestan desde la Consejería de Urbanismo. "No podemos hacer esa distinción, porque cuando se ha expropiado a otros no les hemos dado un piso. Si quieren una casa, tendrán que optar a ella por las vías normales".

Antonia asegura que esa "distinción" ya existe. Los vecinos que habían levantado algún tipo de edificación sobre su suelo, "chabolas con cuatro tablas", sí han obtenido un piso de protección. "Entiendo que hay que hacer casas baratas para la gente con poco dinero, pero mi familia no es rica y nos gustaría dejar algo a nuestros hijos", concluye.