Del Río tilda de "temeraria" la denuncia socialista por prevaricación

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, arremetió ayer contra el grupo socialista por la denuncia que éste presentó el pasado martes ante la fiscalía del Tribunal Superior por las operaciones urbanísticas aprobadas en la corona norte de la capital. Del Río considera que se trata de "una temeridad y una demanda sin fundamento, que supone una estafa a la Administración de Justicia". Matilde Fernández, portavoz del grupo socialista en materia de Urbanismo, entregó al fiscal 12 cajas con la documentación sobre seis grandes operaciones aprobadas por los gobiernos municipal y regional, del PP.

Entre esas operaciones el PSOE señala el crecimiento "insostenible de la Operación Chamartín, la recalificación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el recorte drástico de la extensión del parque de Valdebebas". El grupo socialista considera que los responsables de Urbanismo en el Consistorio y en la Comunidad han podido incurrir en "delitos contra la ordenación del territorio en forma de prevaricación, malversación del patrimonio público y negociaciones prohibidas".

Rafael Simancas, portavoz municipal y candidato socialista a la presidencia autonómica, señaló que el Ayuntamiento "ha incumplido reiteradamente la Ley del Suelo al vender suelo público para financiar gastos que el propio interventor municipal considera al margen de la ley".

Sin embargo, Ignacio del Río afirmó ayer que esas manifestaciones de los portavoces socialista pueden tener consecuencias penales. "El Código Penal señala que el que acusa con temeridad y sin pruebas incurre en un delito", esgrime el concejal.

Interés social

El titular de Urbanismo señaló que la denuncia socialista "está basada en los comunicados de prensa que el PSOE ha ido realizando en los últimos años y no aporta ninguna información ni argumento jurídico". "Teniendo en cuenta que el PSOE ha conocido todos los expedientes urbanísticos tramitados con los informes del secretario general [del Ayuntamiento] que aseguran la legalidad de dichos desarrollos, lo que han hecho es una denuncia falsa y sin fundamento, lo cual supone una estafa a la Administración de Justicia, a la que se quiere distraer de los asuntos en los que está interviniendo en defensa del restablecimiento de la legalidad", concluyó Del Río.

Matilde Fernández precisó que si el PSOE acude a la fiscalía es porque, de acuerdo con la Constitución, entre las funciones del ministerio fiscal figura la de "velar por la satisfacción del interés social". "Puede que nuestra denuncia sirva de apoyo a tantas otras denuncias individuales y de pequeños grupos", añadió. Simancas, por su parte, sostiene que existe una "responsabilidad política derivada de la gestión del PP por haber conducido a la especulación y el encarecimiento brutal de la vivienda, algo constatable en el norte de Madrid".