Los afectados de CPV reclaman más "agilidad" en el proceso penal
Las familias insisten en que intervenga un administrador judicial
Los abogados de los afectados por el caso CPV que han presentado una querella contra la inmobiliaria pidieron ayer a la juez instructora de la causa, Coro Monreal Huerta, que agilice la resolución de las 14 medidas cautelares solicitadas por los letrados. Éstos reclamaron, como medida urgente, que la magistrada designe a un interventor judicial que controle las cuentas y los movimientos financieros de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV).
Los representantes de las 10 acusaciones particulares personadas en la querella reiteraron ayer esta solicitud a Monreal, que se ha hecho cargo del caso tras inhibirse del mismo Rosario Espinosa, juez número 8 de Madrid. Coro Monreal, juez de Instrucción número 34, ya tuvo conocimiento de la causa en 2000, tras una denuncia interpuesta contra CPV por un delito de estafa que terminó siendo archivada.
Además de insistir en la urgencia de que la juez adopte medidas cautelares, los representantes legales de las familias afectadas solicitaron a la juez que investigue la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes por parte de CPV y reclamaron el embargo de los bienes que siguen a nombre de la inmobiliaria "para evitar que sean transmitidos a terceros".
Según denuncian los perjudicados, los administradores de la promotora y su director general, que ingresaron en prisión a principios de mes, cedieron a la sociedad Construcciones Hermanos Burgos de Magán, SL, el pasado 30 de octubre, una finca de 63.730 metros cuadrados en Magán (Toledo) para saldar una deuda que CPV había contraído previamente.
