El acusado del crimen de Almoradí alega que todo su barrio vendía droga

Francisco R. N., de 36 años, acusado de dar muerte a puñaladas a un joven de Almoradí en junio del año 2000, no reconoció ayer el crimen ante el tribunal que lo juzga. El suceso desencadenó un ataque racista en el barrio donde se produjo el homicidio. Se quemaron tres casas ocupadas por gitanos. El acusado dijo que conocía al fallecido porque iba al barrio Cruz de Galindo a comprar heroína, "donde todos los vecinos la venden".

Francisco explicó ante el jurado popular que no recordaba nada de la mañana del 17 de junio de 2000, en la que fue apuñalado el joven Miguel Ángel M. R. en el barrio de Cruz de Galindo de Almoradí (Vega Baja). La muerte del joven prendió la mecha de las posteriores agresiones xenófobas a gitanos y magrebíes en el pueblo. El acusado explicó, a preguntas del fiscal, que el día del crimen se encontraba bajo los efectos de la droga "como todos los días" y recalcó que no sería capaz de matar a nadie.

Sin embargo, el letrado de la acusación particular quiso dejar claro ante los nueve miembros del tribunal popular las declaraciones que Francisco realizó después de ser detenido por la Guardia Civil. El acusado no supo explicar ante el letrado Juan José Cuello por qué los agentes de homicidios encontraron un pantalón con restos de sangre.

Además, no pudo justificar por qué afirmó durante la instrucción que las puñaladas se habían producido tras una discusión con Miguel Ángel. El abogado de la familia del fallecido recordó que Francisco afirmó en su día que Miguel Ángel le atacó con el casco de su moto y falleció hiriéndose él mismo con la navaja. "Yo no mataría por 8.000 pesetas a un hombre", respondió tajante el acusado a preguntas de la acusación particular.

Francisco dijo conocer a Miguel Ángel porque acudía a menudo al barrio a comprar droga, heroína. Allí, según afirmó el acusado, "todo el mundo la vendía". Estos hechos, sumados a una agresión similar semanas antes, motivó una protesta vecinal contra la compra-venta de droga en el barrio. La manifestación terminó con el incendio de tres viviendas de familias gitanas, a las que se les atribuía el control de la venta de drogas en el pueblo. Además, esa noche varias personas de origen magrebí también fueron agredidas.

La tesis del fiscal mantiene que Francisco y Miguel Ángel entablaron una pelea, en la que el último recibió cinco puñaladas, una de ellas en el corazón. Por estos hechos, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular solicitan la pena de 15 años de cárcel.

No obstante, el letrado de la familia podría plantear una elevación de la pena a 24 años de prisión al imputarle un asesinato en vez de un homicidio.