Las prácticas de buen gobierno corporativo

Enron, WorldCom y el resto de los escándalos de la América Corporativa (atención al último, el de Citigroup) exacerbaron las preocupaciones por la limpieza de las prácticas empresariales. Pero el movimiento a favor de un buen gobierno de las compañías cotizadas en Bolsa es muy anterior. Según ha explicado el catedrático Vicente Salas Fumás, uno de los mejores expertos en estos asuntos, desde hace 10 años las empresas de países desarrollados articulan las iniciativas para resolver con eficacia conflictos de interés entre partícipes a través de lo que se han denominado prácticas de buen gobierno corporativo.

Durante los ochenta, cuando las empresas anglosajonas pierden posiciones competitivas en los mercados a favor de sus rivales japoneses y alemanes, se inicia en esos países "perdedores" un debate buscando posibles explicaciones. Son los tiempos de dos modelos de capitalismo: el anglosajón y el renano. Una de las interpretaciones más convincentes es que los equipos de dirección de las empresas en EE UU y Gran Bretaña no orientan sus estrategias hacia el objetivo de hacer máxima la riqueza de los accionistas; los instrumentos de control que deben asegurar una alineación de intereses entre accionistas y directivos no actúan adecuadamente y es preciso cambiarlos.

Así nació el corporate gobernance y la necesidad -urgencia a partir de diciembre de 2001, con el caso Enron- de establecer auditorías sobre el buen gobierno de las empresas (de las siete grandes sociedades quebradas en los últimos meses en EE UU, cinco de ellas contaban con auditorías sin salvedad alguna). Se multiplican los códigos del buen gobierno. A principios de los noventa aparece el Informe Cadbury, en Gran Bretaña, que sirve de salida para otros muchos, entre ellos el español Informe Olivencia, de 1997, un conjunto de recomendaciones aplicadas con desigual fortuna y que remite a las obligaciones de los consejos de administración y de cada uno de los consejeros dominicales (representantes del capital), ejecutivos (asalariados de la empresa) e independientes.

En los últimos meses, los esfuerzos de las autoridades reguladoras de EE UU por restablecer la confianza en el sector bursátil (actualmente la credibilidad de la clase política es superior a la de la clase empresarial) se trasladan a Europa y a nuestro país. No hay institución que no haya presentado sus ideas, o las esté estudiando, sobre el gobierno de las empresas: Instituto de Estudios Económicos, Círculo de Empresarios, Fundación de Estudios Financieros, etcétera. En septiembre de 2002, el Ministerio de Economía creó la Comisión Aldama para que emitiese un informe cuyas conclusiones serán obligatorias. Este informe debería presentarse antes de que acabase el año. Dos meses después de la creación de la Comisión Aldama se han conocido las conclusiones del Informe Winter, encargado por la Comisión Europea. Los expertos europeos, presididos por el profesor Jaap Winter, han desarrollado una serie de recetas sobre el buen gobierno de las empresas, que habrán de ser estudiadas por Aldama y sus hombres para intentar que no haya contradicciones entre ambas. Entre ellas destacan las siguientes: potenciación del papel de los consejeros independientes (se ha comenzado a desarrollar una verdadera industria de independientes, con dos lobbies trabajando incesantemente: los de los catedráticos de Universidad y los de los head hunter, que buscan, previo pago, a esos independientes como Diógenes con su lámpara); endurecer el régimen de responsabilidad de los consejeros y directivos de las empresas; la remuneración del consejo de administración; la información que las sociedades facilitan, o la participación de los accionistas en la toma de las decisiones de las compañías.

El debate no ha hecho más que empezar, con un primer punto del orden del día: dados los abusos conocidos, ¿se deben autorregular las empresas o debe intervenir normativamente la Administración (estableciendo, por ejemplo, la edad máxima de los consejeros, su número o reuniones del consejo) aun a costa de la autonomía empresarial? La polémica se ha iniciado.