Luz de gas al mercado

La liberalización total del mercado de la electricidad y el gas es una entelequia a mes y medio de su entrada en vigor. El Gobierno no ha aprobado aún cambios normativos imprescindibles sobre los requisitos técnicos y procedimentales para que el usuario tramite si lo desean un cambio de suministrador. Ni los generadores, ni las comercializadoras, ni los usuarios saben cómo va a hacerse. La mayoría, además, están convencidos de que la liberalización comprometida por el Gobierno no va a aportar mejoras en los precios o en el servicio para el usuario doméstico.

El Gobierno inicia la tramitación de cambios legales para la apertura del gas y la luz cuando sólo falta mes y medio para su entrada en vigor

A 21 millones de usuarios de electricidad y a cuatro millones de usuarios de gas les puede sentar mal el turrón si se han creído las promesas del Gobierno y optan por solicitar un cambio de suministrador el primer día laborable de enero. Tardarán meses en poder cambiar de compañía y lo más probable es que renuncien a hacerlo a la vista de las complicaciones que les va a suponer y de las inciertas ventajas económicas que les va a reportar. No es el único fiasco, el mercado ibérico de electricidad, que iba a integrar los mercados español y portugués a partir del 1 de enero, no ha pasado de una declaración de buenas intenciones.

El parto de los montes, la liberalización por etapas de los mercados de electricidad y gas iniciada hace cinco años, y que según el Gobierno nos sitúa en la vanguardia de Europa, está a punto de concluir y lo va a hacer tal y como se inció, y como se ha desarrollado hasta ahora, de forma atropellada. Sin un debate previo con todos los agentes implicados sobre el modelo coherente y deseable a medio y largo plazo, como se ha hecho y se está haciendo en otros países, y no de forma improvisada diciendo digo en la regulación donde ayer dije Diego (el Gobierno ha cambiado en unos meses su compromiso de rebajar las tarifas eléctricas en los próximos años por otro de incrementarlas por debajo del 2%, por poner un ejemplo) en función en cada momento de las presiones de las compañías eléctricas o gasistas, de los requerimientos del Ministerio de Economía para tratar de contener una inflación que se le va de las manos o de las rectificaciones impuestas por Bruselas a medidas adoptadas como los famosos Costes de Transición a la Competencia (CTCs).

Prisas e improvisación

Entre anuncios altisonantes, rectificaciones, parches, dudas, cambios de previsiones y de calendarios, ha pasado un lustro en el proceso de liberalización, y la foto fija del sector eléctrico de la que se partió poco tiene que ver con la actual. Entonces había exceso de capacidad de generación y hoy hay un riesgo evidente, certificado por los apagones en los últimos meses, de no poder atender el incremento previsto del consumo.

En este marco, y tras una advertencia de la Comisión Nacional de Energía (CNE) al Gobierno de que el sistema eléctrico se podía colapsar si no se articulaba de inmediato la instrumentación que debe sustentar la apertura total del mercado, el Ejecutivo remitió el jueves a este organismo la nueva metodología para elaborar las tarifas eléctricas, que se prevé tenga vigencia hasta 2010, y los borradores de decretos que permitirán elegir al usuario suministrador.

La CNE, a la que irónicamente se pide ahora una tramitación "urgente", tiene un periodo de 15 días para elaborar sus informes, que son preceptivos pero no vinculantes. Los textos tienen que pasar luego a dictamen del Consejo de Estado, otro trámite previo a su aprobación en Consejo de Ministros. Los plazos, en defintiva, son más que reducidos para cumplir, aunque sólo sea formalmente, con el calendario de la liberalización.

La liberalización real, sin embargo, sólo va a existir durante meses en las páginas del Boletín Oficial del Estado. Generadores y comercializadores tienen que estudiar las condiciones que imponen las nuevas normas, la retribución que pueden obtener de las diferentes actividades, para decidir en qué y hasta dónde van a jugar y el margen disponible para realizar ofertas atractivas que animen al usuario a abandonar el consumo a tarifa regulada.

El colofón, además, es que nadie, ni los usuarios, ni las compañías eléctricas o gasistas, ni la propia Administración, aunque ésta lo reconoce lejos de los focos, creen realmente que esta liberalización vaya a servir para hacer más eficiente este mercado. Y no lo creen, entre otros, por los siguientes motivos: -

E Precios. Si éstos no responden en su formación, como es el caso, a los costes reales y al juego de la oferta y la demanda, la liberalización del mercado es una broma. Un maquillaje para que cambiando algo todo siga igual. Y la mejor prueba es lo que ha sucedido ya con el segmento liberalizado del consumo de alta tensión. La industria básica española no utiliza el mercado liberalizado para comprar energía pese a que puede hacerlo desde 1998. En 2001, según datos de la patronal Unesa, sólo la mitad del consumo liberalizado se acogió a la contratación libre y en meses posteriores muchos de los clientes han vuelto a las tarifas reguladas. Un centenar de grandes compañías químicas, cementeras, papeleras y siderúrgicas pagan sus recibos por el sistema de tarifa -que fija el Gobierno- porque los precios en el mercado libre son más altos que los regulados. Nada hace pensar que vaya a suceder algo diferente con los consumidores domésticos y de baja tensión.

"El mayor competidor que tenemos ahora las compañías eléctricas", confesaba esta misma semana un ejecutivo de una de las mayores, "es la tarifa". Y ésta, que en principio se iba a mantener durante un periodo de años limitado, no se va a eliminar. José Fidalgo, secretario de Estado de Energía, aseguró el jueves, que la planificación y el mantenimiento de las tarifas es necesario porque la energía es "un bien esencial". Las tarifas eléctricas subirán un 1,65% el próximo año y un 1,4% de media durante esta década, según la nueva metodología remitida por el Ejecutivo a la CNE. Las variaciones anuales, según explicó Folgado, contarán con un término fijo del 1,4% más un 0,6% adicional, que dependerá de la demanda, los tipos de interés, la evolución de las energías renovables y los precios del gas. El aumento por tipos de consumidores se decidirá en el momento de fijar el decreto de tarifas anual, pero el recibo de cada grupo (doméstico, comercial o industrial) no se desviará más de 0,6 puntos respecto a la tarifa media. -

E Marco ¿estable? Folgado, que a estas alturas de la película conoce bien las hipotecas contraídas en la nueva metodología de tarifas para salvar la cara y mantener la ficción de un mercado libre, dice que la nueva regulación garantiza la estabilidad macroeconómica y favorece tanto a los consumidores como a las empresas, ya que fija "un escenario estable y predecible" que les permitirá abordar las inversiones previstas.

Consumidores y eléctricas le niegan la mayor. Los primeros porque han visto cómo el Gobierno ha pasado sin el menor sonrojo de prometer rebajas en las tarifas a justificar incrementos en sus recibos de la luz. Las segundas, que han conseguido que se les reconozca en la nueva regulación algunas de sus mayores reivindicaciones, como es el déficit tarifario (sus ingresos por actividades reguladas, transporte y distribucíón, han sido insuficientes en los últimos ejercicios para cubrir su coste), porque siguen convencidas de que el problema va a repetirse y que la evolución prevista para las nuevas tarifas va a tener poco que ver con a evolución de los precios de las energías primarias. Lo que auspiciará, más pronto que tarde, nuevas presiones de las eléctricas sobre la Administración para que se les compensen los desfases de costes. Tampoco es descartable que vuelva reconsiderarse la regulación a la vista de la carrera alcista del IPC. Sobre la seguridad que da el nuevo marco para afrontar inversiones, una eléctrica recuerda que en plena construcción de una central de ciclo combinado, el Gobierno ha autorizado que se le aplique un 40% en el peaje por transporte de gas.

Las eléctricas confiesan que para que el mercado fuese eficiente las tarifas deberían reflejar la evolución de los costes, que no está asegurada con la nueva fórmula, "y que mientras esto no ocurra, los clientes a tarifa seguirán consumiendo sin restricción alguna en momentos de punta de demanda, como ocurrió en los polémicos días de diciembre" "porque en ellos no repercute el aumento del precio que se produce y porque los cortes de suministros que se puedan producir los van a sufrir otros". La mayor prueba de que el Gobieno no cree en su liberalización, agregan, es la renuncia a tomar la parte del mercado que ya estaba abierta a la competencia como referente para la determinación de las tarifas. -

E Un mercado particular. Hablar de un mercado liberalizado en un escenario en el que tres grupos dominan casi el 90% del mismo en generación eléctrica y hay otro grupo hegemónico en gas al que se limita al 70% la cuota máxima de mercado es, señalan algunos analistas, un eufemismo. Y más aún teniendo en cuenta el divorcio que existe entre el mercado mayorista de generación (el denominado pool eléctrico), desde su creación, y las tarifas y precios que se aplican al consumidor. La demanda es prácticamente insensible a las subidas de precios en el pool, y éstos, dada la escasa participación y utilización que se hace de este mercado, son facilmente manipulables, incluso sin el recurso a la concertación, por las tres grandes generadoras españolas.

Esta situación, y los escasos márgenes que en los precios para el mercado libre van a permitir con su competencia las nuevas tarifas, descartan de antemano la entrada de nuevas compañías, sobre todo si no cuentan con generación propia y tiene que recurrir al pool para comprar la energía. Los grupos eléctricos nacionales y Gas Natural tampoco van a hacer mucho hincapié en sus comercializadoras si la mayoría de los usuarios sigue acogiendose, como es previsible, a la facturación por tarifa regulada. -

E Barreras técnicas. La "elegibilidad", palabra adoptada por la Administración en su regulación de la posibilidad que va tener el usuario de cambiar de compañía, tampoco va a ser un camino de rosas y va a requerir tiempo. Los operadores han destinado recursos limitados al desarrollo de equipos de medida y de procedimientos contractuales para el mercado libre que oficialmente se inicia el 1 de enero porque, en palabras de un alto ejecutivo de una eléctrica, "a mediados de noviembre desconocemos si se va a facturar por franjas horarias o por perfiles de consumo, que ritmos de lectura de contadores se nos van a exigir... Los distribuidores tendremos que medir en caso de cambio de comercializador qué facturación corresponde al de procedencia y qué facturación al de destino y desde qué día u hora. Todo eso debía estar normalizado". El coste de nuevos contadores que midan el consumo por horas, del que existen pocas unidades en el mercado y cuyo coste es elevado, lo que sería un acicate más para permanecer en la tarifa, inclinan la balanza por la opción de los perfiles de consumo. -

E Barreras contractuales. Las relaciones contractuales entre antiguos y nuevos comercializadores, entre éstos y los suministradores, y de ambos con el cliente final (de momento hay previstos dos recibos, uno del suministrador en concepto de peaje y otro del comercializador) tampoco están aprobadas. En Australia y Canadá se han arbitrado organismos gestores que clarifican estas relaciones, facilitando las transacciones entre las compañías y dotando de transparencia al mercado. Los reguladores españoles han desistido de adoptar esta figura, aunque les gustaba, por falta de tiempo y han dejado en manos de las propias compañías el mercado de la elegibilidad. El riesgo es que se haya encomendado al lobo el cuidado de las ovejas, apunta un consultor.