Guipúzcoa desarrollará su propio sistema de control de tráfico mientras se resuelve el conflicto con el Ejecutivo

La Diputación de Guipúzcoa actuará por la vía de los hechos y asumirá por su cuenta la creación y mejora de los centros de control de tráfico de esta provincia, sin esperar a la resolución del conflicto de competencias que mantienen sobre esta materia las tres diputaciones y el Gobierno vasco. Así lo anunció ayer el diputado de Carreteras, Antton Jaime, ante todos los grupos políticos en las Juntas Generales, aunque no especificó si, como ha hecho recientemente la Diputación alavesa, aprobará un decreto foral para arrogarse todas las funciones en la gestión del tráfico provincial.

La Diputación de Guipúzcoa gestiona actualmente un centro de control en la autovía de Navarra (A-15) y terminará en febrero próximo la construcción de otro en la autopista Eibar-Vitoria (A-1) a la altura de Bergara tras invertir 943.000 euros, además de los que tiene Europistas en la Bilbao-Behobia. Jaime aseguró que su departamento 'seguirá desarrollando nuevos sistemas de gestión en la A-1 y en la A-8' cuando termine su concesión en junio del año próximo, y desveló que en breve contratará un estudio para 'definir las instalaciones necesarias en Guipúzcoa' para la gestión global del tráfico en sus carreteras.

Guipúzcoa pretende así salvar el conflicto institucional que surgió tras el decreto promulgado en el verano de 2001 por el Gobierno autónomo para crear un único centro de control del tráfico, con sede en Bilbao, para toda la red viaria vasca. Las tres diputaciones recurrieron sin éxito dicho decreto ante la Comisión Arbitral por entender que invadía competencias forales en materia de carreteras. El Ejecutivo, por su parte, denunció a las diputaciones ante el Tribunal Superior de Justicia por impedir la instalación de paneles informativos en las carreteras.

Jaime aseguró ayer que el Gobierno 'no tiene capacidad operativa para poner en marcha un centro de gestión de tráfico' y agregó que la solución pasa por 'reconocer los derechos que les asisten a las diputaciones' en esta materia y por la decisión que tome la Comisión Arbitral sobre el contencioso con Álava.