Unión Radio recurre la desconcentración diseñada por Defensa de la Competencia

Ocho años después de que la cadena SER, Antena 3 Radio y Unión Radio recibieran autorización del Gobierno para concentrar sus actividades, el director general de Defensa de la Competencia ha dictado una resolución que establece el modo y los plazos en que dichas empresas deben abordar la desconcentración tras ser ordenada por el Tribunal Supremo. Las tres empresas afectadas han presentado un recurso de alzada por considerar que Defensa de la Competencia interfiere en el derecho a la libertad de expresión al pedir datos sobre los convenios de programación.

Las empresas, según explicaron ayer en un comunicado, basan su recurso -presentado ante el secretario de Estado de Economía- en la falta de competencia del director general, cuya resolución 'no se limita a ejercer un control sobre la disolución de los contratos que dieron origen a la concentración, sino que impone determinadas obligaciones mucho más allá de sus atribuciones legales y de lo establecido en su día por el Tribunal Supremo'.

La SER, Antena 3 y Unión Radio (entidad constituida en 1993 por PRISA, editor de EL PAÍS, y el grupo Godó, editor de La Vanguardia) recuerdan que el auto de ejecución de sentencia dictado por el Supremo ha sido también recurrido. Ese auto contiene aspectos que desbordan lo sentenciado, según los recurrentes, ya que no sólo afecta a la resolución de los negocios jurídicos que dieron origen a la concentración, sino que también entra en la forma de organización de las empresas, incluyendo aspectos relativos a la programación y a eventuales convenios.

En su escrito, las tres empresas señalan, que el Gobierno solicita medidas e informaciones que no han sido requeridas a otras compañías del sector radiofónico que han realizado operaciones similares posteriormente.

La resolución, añaden, altera además unilateralmente los plazos propuestos por las empresas afectadas en el plan que en su día presentaron a instancias del Consejo de Ministros y que fue informado previamente por el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Exponen que la alteración de dichos plazos, que fueron difundidos públicamente pese a ser confidenciales, podría producir 'perjuicios irreparables a las empresas afectadas'.

Por ello, los servicios jurídicos de las empresas recurrentes estudian exigir responsabilidades por 'la falta de celo en el mantenimiento del secreto sobre los plazos' y advierten de que las empresas cumplieron puntualmente con todos los requisitos ordenados en su día por el Gobierno para llevar a cabo la concentración.

Los recurrentes estiman también que la notificación del director general de Defensa de la Competencia 'interfiere indebidamente en los derechos constitucionales sobre la libertad de expresión al pedir información sobre los convenios de programación de las empresas'.

Antena 3 de Radio, la SER y Unión Radio consideran, al igual que la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que el pluralismo informativo en el sector radiofónico está 'suficientemente garantizado' por la pluralidad de la oferta existente y que, en ningún caso, puede convertirse en pretexto para lesionar los derechos fundamentales de la libertad de información y de la libertad de empresa.

La AERC, organismo que representa a las grandes cadenas de radio comerciales (Cope, Onda Cero, SER, entre otras) argumentaba el 22 de octubre que el pluralismo se refleja ya a través de las 2.793 emisoras legales que operan en España.