'Sanciones' al Gobierno si niega datos requeridos por el Parlamento

El bloque de reformas que propondrá el PSOE en su programa electoral, y antes, a través de iniciativas en el Parlamento, incluye cuatro apartados: cambios en los reglamentos del Congreso y del Senado; en la Ley Orgánica Electoral General (LOREG); en el modelo audiovisual y en el control de altos cargos. Un paquete de medidas de 'regeneración democrática', ya que, a juicio del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, 'se está produciendo un estancamiento, cuando no un retroceso, en la vida democrática'. La previsión de la dirección del PSOE es que a principios del próximo año cada una de estas propuestas pueda tener expresión legal.

Uno de los caballos de batalla actuales es la lucha para que el Gobierno responda a la petición de documentos o información por parte de la oposición. El PSOE señala que el Ejecutivo escurre el bulto, y quiere reglar esa obligación a través de la modificación de los reglamentos de las Cámaras. 'Se establecerán sanciones al Gobierno si se niega a facilitar la información requerida por los diputados', señala una de las líneas de modificación que propone el PSOE, todavía sin concretar los detalles. Desde el Parlamento se podrá requerir al Tribunal de Cuentas que remita informes o documentos sobre un asunto concreto y se podrá pedir la comparecencia del presidente y de los consejeros de ese tribunal.

Asimismo, deberán comparecer a solicitud de los diputados, sin los problemas actuales, tanto el fiscal general del Estado como el presidente del Consejo General del Poder Judicial. También se podrá pedir la comparecencia de responsables de 'sectores económicos estratégicos'.

Debates obligatorios

Desde que gobierna el PP no ha sido posible un debate en medios públicos o privados de comunicación entre los líderes de los dos partidos mayoritarios. El argumento del PP ha sido en estos seis años que el debate debe ser a varias bandas 'y no a dos'. Los socialistas propondrán que se incluya en la Ley Electoral la obligatoriedad de los debates, a varias bandas y también entre los dos partidos mayoritarios. También quieren una disminución del tope de gastos electorales y la obligatoriedad del equilibrio entre sexos en las candidaturas: ninguno con menos del 40% ni más del 60%.

Los socialistas creen que, 'por dignidad de la política, no puede existir impunidad para los que la ejercen como responsables'. A su juicio, la garantía de igualdad ante la ley hace necesaria una modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal para 'impedir la intervención del fiscal general del Estado en los procesos en los que estén incursas personas aforadas'. El PSOE insiste en que el fiscal se ha convertido en el 'abogado defensor de los miembros del Gobierno'.

Otra de las grandes reformas se refiere a la Ley de Financiación de Partidos, que debe ser 'pactada, seria y realista' e ir acompañada de más control del Tribunal de Cuentas.