El Canal pide en una carta a sus clientes permiso para ceder sus datos a empresas

El Canal de Isabel II ha enviado una carta a sus 800.000 clientes en Madrid en la que solicita autorización para 'ceder' los datos que se encuentran en sus ficheros (nombre y dirección) a empresas participadas por el Grupo Canal o bien a otras sociedades privadas. Entre ellas figuran compañías de telecomunicaciones, Internet, financieras, de seguros, de asistencia sanitaria y del hogar. Ayer, el gerente del Canal, Arturo Canalda, se desdijo de lo anunciado en la carta -que calificó de 'desafortunada'- y explicó que la entidad pública 'no cederá ningún dato de sus clientes'.

La carta del Canal de Isabel II -una empresa pública dependiente del Gobierno regional- anuncia a sus usuarios que cederá a otras empresas los datos de los clientes que figuran en sus ficheros. Entre ellas cita a Multiasistencia, SA, una compañía de servicios con participación de Multiassistance International BV, cuya sede se halla en los Países Bajos; Canal Energía, SL, participada por Hidrocantábrico y el Canal y creada para la venta de energía eléctrica a partir de enero de 2003, cuando se liberaliza el sector; y GSS Venture, SL, una empresa de estudios de mercado con sede en Madrid.

En caso de que el cliente no quiera que sus datos sean cedidos, tendrá que enviar un escrito al Canal haciéndolo constar. Si en 30 días no lo ha hecho, el Canal entenderá que el ciudadano no tiene objeciones.

La Ley de Protección de Datos, según el director de la Agencia de Protección de Datos, Juan Manuel Fernández López, permite este tipo de prácticas siempre y cuando al usuario se le concreten las finalidades de la cesión de sus datos. Según Fernández, la empresa debe garantizar al cliente que su respuesta escrita no le suponga gastos.

'Cumplimos la ley'

El director económico y de desarrollo comercial del Canal, Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, asegura que la empresa asumirá los costes de las respuestas de los clientes sobre la propuesta enviada en la carta. 'Nuestra finalidad fundamental', añadió Cienfuegos-Jovellanos, 'es tratar de darles más servicio a nuestros clientes, pero nunca molestarlos. La inmensa mayoría de los usuarios desea saber el tipo de servicios que ofreceremos. Nosotros cumplimos al pie de la letra la ley y no tenemos ningún afán de manipular datos'.

De las 800.000 cartas enviadas desde el pasado 20 de octubre, sólo 66 personas han contestado al Canal pidiendo que no divulgue sus datos personales a otras empresas. Sin embargo, el silencio del cliente sólo da ventajas a la empresa, que deducirá que sus datos se pueden emplear. ¿Qué tiene que ver una empresa de Internet, una de asistencia sanitaria, una financiera y de seguros o de equipamientos del hogar con el Canal de Isabel II? El director económico responde que, en cualquier caso, se tratará de compañías participadas directa o indirectamente (mediante la convocatoria de concursos) para ofrecer servicios a los usuarios.

La protección y manejo de los datos personales de los españoles ha generado una fuerte polémica, después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) anunciase que creará un censo publicitario a partir del electoral. El pasado martes, el Congreso en pleno reconoció la ambigüedad de la ley, aprobada en 1999 con los votos del PP, CiU e IU, que facilitaba la utilización de datos electorales con fines comerciales sin que el ciudadano hubiera dado su consentimiento expreso. Pero el Congreso va a modificar esa norma obligando a que la cesión de esos datos tenga que ser previamente autorizada por el interesado.

El gerente del Canal, Arturo Canalda, reconoció a última hora de ayer 'la redacción desafortunada de la carta' enviada a sus clientes y aseguró que el Canal enviará otra en la que explicará que se ofrecerán servicios siempre y cuando los clientes lo pidan. En ningún caso, aseguró, se cederán datos a otras empresas.

El diputado Franco González, de IU, calificó de 'inadmisible' la misiva del Canal. 'Vamos a hacer una protesta. Siendo una empresa pública, el Canal debería dar ejemplo'. La diputada María Luisa Álvarez Durante, del PSOE, opinó: 'Es inadmisible que sea el propio Canal el que facilite datos a otras empresas. Los datos personales no tienen la protección que debieran'.