La construcción y los servicios son los sectores en los que más aumentó la siniestralidad laboral

En los ocho primeros meses de 2002 se han registrado en Andalucía 1.731 accidentes laborales más que en el mismo período de 2001, lo que significa un aumento de 1,7 puntos porcentuales. Pero el crecimiento es especialmente llamativo en dos sectores: la construcción, donde la siniestralidad subió un 5,5%, y los servicios, donde los accidentes mortales ascendieron un 21,7%. De hecho, más del 52% de los fallecimientos correspondieron al sector terciario. La provincia más afectada por los siniestros en los que perdieron la vida los trabajadores es Cádiz.

Los datos provienen del Informe sobre siniestralidad en Andalucía correspondiente a los ocho primeros meses de 2002 y elaborado por el departamento de asistencia técnica para la prevención de riesgos laborales de la Unión General de Trabajadores (UGT). El texto se presentó ayer en Córdoba en el curso de un encuentro regional que reunió a un centenar de delegados de prevención y responsables sindicales. 'La situación ha empeorado en los sectores donde la precariedad y la temporalidad son más graves', resumió Carmen García Jurado, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de UGT-A.

Así, de los 106 trabajadores que murieron en accidente laboral en Andalucía entre enero y agosto de 2002, más de la mitad (56 en concreto) pertenecían al sector servicios. Paralelamente a este ascenso se ha producido una fuerte reducción de la mortalidad en la industria, de 45 puntos. En cuanto a la construcción, y según el alcance de las lesiones, los accidentes leves subieron en un 5,4% y los graves en un 7,8%, mientras los mortales bajaban en un 15,1%.

Por provincias, el número de siniestros creció acusadamente en Málaga (4,7 puntos) y en Sevilla (4,6), y se mantuvo en ligero ascenso en Huelva (2,7), Córdoba (2,6), Granada (2,5) y Cádiz (0,8). Se observaron caídas llamativas en Jaén (6,1 puntos) y en Almería (5,8). En Málaga, los sectores más perjudicados por los accidentes laborales fueron la industria y la construcción; en Sevilla, la agricultura y la construcción.

En Huelva, los más afectados fueron los trabajadores de los servicios, a la vez que resultaban beneficiados los de la industria, que manifestó un descenso de la siniestralidad de 13,9 puntos. En Córdoba, por el contrario, el sector más peligroso fue el industrial, con un crecimiento del 10,9% en el número de accidentes laborales. Los servicios salieron mejor parados, con un descenso de 7,2 puntos. Granada, por su parte, registró un aumento de la siniestralidad en la construcción y una mengua de 13,8 puntos en la agricultura y la pesca.

Jaén presentó una reducción del 12,2% en la industria y del 7,1 en los servicios; Almería, la otra provincia marcada por el descenso de los accidentes laborales, mostró caídas en todos los capítulos, de más de 11 puntos en agricultura, pesca e industria, y de entre el 3 y el 5% en el resto de los sectores.

El informe recuerda que Andalucía se halla tres puntos por debajo de la media nacional en lo que a siniestralidad laboral se refiere, con 33,9 accidentes por cada mil trabajadores frente a los 35,8 del conjunto de España. 'A pesar de que tenemos una de las leyes de prevención de riesgos laborales más avanzadas de entorno comunitario', señaló Carmen García Jurado, 'no ha dado los resultados esperados'. Atribuyó esto, en parte, al hecho de que 'muchas empresas hacen un cumplimiento meramente formal de la legislación', y que otras muchas ni siquiera tienen los preceptivos planes de prevención. 'El nivel preventivo de las empresas es bastante deficiente', añadió, 'y mientras en la Unión Europea hay un inspector de trabajo por cada 7.000 trabajadores, en España hay sólo uno por cada 27.000'. A este respecto Jesús Comino, secretario provincial de UGT en Córdoba, insistió en que es 'urgente que las administraciones se vuelquen en la inspección y el asesoramiento a las empresas para que se ejecute realmente el plan de prevención'.

García Jurado señaló que los sindicatos han planteado al Gobierno central la necesidad de poner en marcha un plan de actuación preferente en las empresas con más siniestralidad y de ejercer un 'control absoluto sobre las contratas y las subcontratas'. El plan en cuestión debería desarrollarse en cuatro años y contar con un presupuesto de 60 millones de euros.