El alcalde de Jun achaca su juicio a la venganza de una secretaria

El alcalde de la localidad granadina de Jun, el socialista Antonio Rodríguez Ruiz, negó ayer que las operaciones urbanísticas supuestamente irregulares por las que se le juzga ante la Audiencia Provincial de Granada hubiesen tenido como finalidad beneficiar a miembros de su familia. Rodríguez Ruiz manifestó que las denuncias sobre presuntas ilegalidades partieron de una secretaria municipal a la que el primer edil decidió rebajarle el sueldo tras descubrir que ella misma se lo había subido.

El fiscal pide para Rodríguez Ruiz la pena de un año de inhabilitación y otros 15 de prisión por prevaricación y tráfico de influencias. Para su hijo, el teniente de alcalde José Antonio Rodríguez, el ministerio público pide, además, la pena de nueve años de prisión. Junto a ellos aparecen como acusados el ex delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Pedro Julián Lara, varios concejales y empresarios.

Antonio Rodríguez está acusado de haber dado luz verde a operaciones urbanísticas encaminadas a revalorizar el precio de parcelas adquiridas por familiares con la construcción, en un área colindante, de un complejo deportivo que finalmente no se realizó. En cambio, en la zona adquirida con tal fin, de unos 8.000 metros cuadrados, terminaron construyéndose 52 viviendas de protección oficial.

El alcalde negó ante el tribunal que él o sus familiares hubieran podido beneficiarse de la operación. 'A mi familia ninguna de las operaciones la benefició, al contrario, la perjudicó', dijo. El primer edil señaló que tanto él como los concejales de su partido votaron a favor de diferentes iniciativas urbanísticas en la creencia de que todo lo que hacían era legal.

Informes jurídicos

Rodríguez dijo que, al no tener conocimiento en materia urbanística, delegó la confianza en una secretaria municipal de Jun que era la responsable de elaborar los informes jurídicos. El alcalde explicó que la secretaria municipal ya ejercía como tal cuando él accedió al cargo.

Según su relato, la secretaria fue elaborando informes negativos sobre las actuaciones de la corporación. Esos informes, sin embargo, nunca llegaron a sus manos, por lo que consideró que sus iniciativas se ajustaban plenamente a la legalidad. Fue precisamente la secretaria municipal, a la que el alcalde acusó de ocultar los expedientes, la que denunció las posibles irregularidades.

Antonio Rodríguez achacó esa actitud a una suspuesta subida de sueldo que ella se atribuyó sin consultar con nadie cuando entró la nueva corporación. El sueldo de la secretaria, según el alcalde, pasó de las 200.000 pesetas (1.200 euros) a las 275.000 pesetas (1.652 euros). Cuando Rodríguez descubrió el hecho, lo puso en conocimiento de la Diputación Provincial y volvió a rebajarle el sueldo. El alcalde señaló que ella respondió con una venganza personal.