Seis agencias de adopción amenazan con cerrar por la nueva ley regional

La Coordinadora de Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional madrileñas, que agrupa a seis agencias, amenaza con dejar de trabajar en la región si la Consejería de Servicios Sociales no modifica el nuevo decreto que las regula (ahora en borrador). Rechazan que la norma les obligue a abrir fondos bancarios 'de 50.000 a 70.000 euros' para afrontar posibles imprevistos en la tramitación de las adopciones.

Miguel Góngora, miembro de la Coordinadora y presidente de ADECOP, una agencia que trabaja en 11 comunidades autónomas desde hace una década, considera que el nuevo decreto, 'lejos de regular la actividad de las entidades de adopción, lo que hace es entorpecerla, porque fija condiciones que no se pueden cumplir'.

Estas seis entidades -en Madrid son 15 las acreditadas, aunque, según la coordinadora, 'ahora sólo funcionan ocho o nueve'- han remitido a la Consejería de Servicios Sociales, dirigida por Pilar Martínez, sus alegaciones sobre el nuevo decreto. Rechazan, sobre todo, que la futura norma les obligue a tener un fondo de reserva en un banco para hacer frente a posibles imprevistos en la tramitación de los expedientes.

La cuantía de dicho fondo debe ser igual o superior a cinco veces el coste autorizado para cada adopción. 'Una adopción en Colombia sale por unos 10.000 euros, lo que significa que la agencia que trabaje con ese país tiene que tener un fondo de 50.000 euros, y más si actúa en países más caros', asegura Góngora.

'La legislación española y el convenio de La Haya nos obliga a ser entidades sin ánimo de lucro y, sin embargo, el Gobierno regional dice que debemos crear un fondo de reserva, lo que no indica es de dónde sacamos el dinero. Nosotros no tenemos beneficios, y si repercutimos esos gastos a las familias, el coste de las adopciones en Madrid se disparará', añade. 'Además, ahora ya contamos con seguros de responsabilidad civil para hacer frente a imprevistos, por lo que no entendemos la nueva exigencia', matiza Góngora, y añade que si Servicios Sociales no modifica este punto presentarán un recurso, dejarán Madrid y seguirán trabajando en otras zonas.

También critican que se les obligue a contar con un trabajador social, un médico, un psicólogo y un abogado contratados a media jornada. 'Hasta ahora cogíamos personal según el nivel de trabajo porque hay entidades que tramitan media docena de expedientes al año y no pueden mantener esa plantilla de continuo', concluye el presidente de ADECOP.

Según la coordinadora, ni Cataluña ni Valencia, que también cuentan con nuevos decretos reguladores de las agencias de adopción, han incluido en ellos estas exigencias. Este periódico no localizó ayer a ningún representante del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), encargado de este tema en Servicios Sociales, para conocer su versión.

El futuro decreto, que sustituirá al actual, de 1996, ha recibido ya un informe favorable del Consejo Económico y Social (CES), formado por sindicatos, patronal y expertos. Ahora debe ser valorado por el Consejo de Estado.