Joan Saura y José Antonio Labordeta denuncian en Bruselas el trasvase de agua de Tarragona a Barcelona

Joan Saura Laporta, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), y José Antonio Labordeta, diputado de la Chunta Aragonesista, denunciaron ayer ante las instituciones europeas el proyecto de la Generalitat de Cataluña de trasvasar agua desde Tarragona hasta Barcelona. Arropados por el grupo Los Verdes/ALE (Alianza Libre Europea) de la Eurocámara, ambos políticos llevaron su denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y ante la Comisión Europea. Ambas instituciones están estudiando paralelamente las numerosas denuncias presentadas contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del Gobierno del PP.

Saura y Labordeta explicaron ayer en Bruselas que la Generalitat ha actuado con alevosía, aprovechando las vacaciones de verano para informar públicamente -en pleno mes de agosto- del proyecto de construcción de una tubería de 62 kilómetros con capacidad para trasvasar 190 hectómetros cúbicos de agua al año desde Tarragona hasta Barcelona. 'El coste total de la obra es de 125 millones de euros, de los cuales el 85% correría a cargo de los fondos estructurales', explicó Saura. 'Esta obra forma parte del Plan Hidrológico y se presenta, sin embargo, como una obra aislada. Además, se ha hecho sin estudio de impacto ambiental, razones por las cuales vulnera varias directivas europeas', añadió el político ecosocialista.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es un foro abierto a los ciudadanos de la UE, para que puedan exponer en él los asuntos que les afectan. 'Hemos acudido a esta comisión porque funciona con total transparencia y eso es lo que buscamos', explicó también ayer la eurodiputada italiana Monica Frassoni, copresidenta del grupo de Los Verdes. 'Paralelamente, debe seguir su curso la denuncia ante la Comisión Europea, cuyo proceso es más opaco, pero que tiene el valor de poder zanjar finalmente el asunto', añadió.

Negocio para las cementeras

Labordeta defendió una mejor gestión frente a las faraónicas obras del Plan Hidrológico, que 'va a ser un gran negocio, fundamentalmente para las cementeras'. También explicó que detecta señales que indican que la Generalitat está empezando a plantearse la posibilidad de retirar su apoyo al trasvase del Ebro, visto el avance de las protestas -aunque Jordi Pujol lo defendió una vez más la semana pasada en el Parlament en el debate de política general-. 'Mientras tanto', añadió el político aragonés, 'las conducciones de agua ya existentes pierden el 35% de lo que trasvasan, pero nadie se ocupa de arreglarlas'.

La Comisión Europea estudia en este momento el Plan Hidrológico Nacional y las denuncias presentadas contra este proyecto del Gobierno del PP, pero todavía está a la espera de obtener una información más amplia y precisa por parte del Gobierno español.

Mientras tanto, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ya votó en febrero pasado a favor de negar fondos comunitarios al PHN. Posteriormente, en el pleno se evitó mencionar expresamente el Plan Hidrológico, cuyo coste es de casi 6.000 millones de euros (un billón de pesetas) y que podría contar con hasta el 80% de financiación comunitaria.