La cruz de los UMTS
El grupo finés Nokia ha presentado esta semana su prototipo de teléfono móvil de tercera generación (3G), que estará comercialmente disponible en la primera mitad del ejercicio 2003 a un precio de 800 euros antes de impuestos y subvenciones. A través de él, será posible descargar datos a 128 kilobits por segundo, cinco veces más rápido que lo que permite el actual sistema GPRS.
El alto consumo de energía, uno de los principales problemas de los primeros modelos, ha sido resuelto con relativo éxito: la batería dura dos horas y vente minutos en modo 3G. Con estas premisas o similares, los operadores europeos con licencia UMTS tendrán que hacer sus números para decidir si afrontan las inversiones en el despliegue de red, que para el conjunto de la Unión Europea se han estimado en la astronómica cifra de 243.000 millones de euros, sin contar los 109.085 millones del coste de las licencias.
La Comisión Europea está considerando varias alternativas que mitiguen el esfuerzo de los operadores titulares de licencias UMTS
La Comisión Europea encargó a una consultora el estudio del impacto de 3G y las perspectivas de viabilidad de los proyectos. Las conclusiones del mismo explican la frialdad con la que se han recibido los primeros prototipos. En el escenario optimista, la mencionada consultora consideró que a los cuatro años de lanzamiento de 3G, su resultado operativo bruto (antes de amortizaciones, gastos financieros e impuestos) será equivalente en términos reales al resultado actual de la segunda generación de telefonía móvil.Incluso con este supuesto favorable, en cuatro de los 15 Estados de la Unión Europea (Alemania, Holanda, Suecia y Reino Unido) no se recuperarán las inversiones en UMTS en toda la vida de las licencias.
En el escenario pesimista, el resultado bruto de 3G una vez alcanzada su velocidad de crucero será un equivalente al 30% del que proporciona la segunda generación de telefonía móvil; es decir, el aumento de los ingresos por cliente tendrá que repartirse entre los dos estándares. En este caso, sólo en tres países -Luxemburgo, Grecia y España- existen perspectivas de recuperar las inversiones.
Ante este sombrío panorama, la Comisión Europea está considerando varias alternativas que mitiguen el esfuerzo de los operadores, como son la ampliación de la vigencia de las licencias de las que son titulares, la compartición de infraestructuras y la relajación en la exigencia de cobertura de la redes hasta el 60% de la población, frente al 80% inicial.
Arturo Rojas y Leire González pertenecen a Analistas Financieros Internacionales.
