Poderes preventivos

El presidente Bush quiere carta blanca del Congreso, y de las Naciones Unidas, para poder lanzar un ataque preventivo contra Irak. Desde la resolución del golfo de Tonkín de 1964, que dio plenos poderes a Johnson para la guerra de Vietnam, ningún presidente había llegado tan lejos en unas pretensiones que ahora vienen arropadas por una elaborada Estrategia de Seguridad Nacional, la llamada doctrina Bush: un nuevo y extenso documento que puede marcar una divisoria histórica al articular la justificación de ataques preventivos frente a terroristas o países que intenten desarrollar armas de destrucción masiva. La prueba de fuego de la nueva doctrina llegará pronto, con la manera en que esta Administración gestione la crisis que ella misma ha resucitado con Irak. La doctrina podría deshincharse si Sadam Husein consigue evitar una guerra, y reforzarse si se llega al uso de la fuerza.

Bush pide plenos poderes al Congreso para aplicar 'con todos los medios que considere adecuados, incluida la fuerza', todas las resoluciones del Consejo de Seguridad al respecto. La Administración considera inaceptable que el Congreso subordine el uso de la fuerza por el presidente a un nuevo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. En las filas demócratas crece la oposición a dar a Bush todos los poderes que pide, pero su mayoría en el Senado es por un solo voto. El presidente cuenta con el respaldo mayoritario de la opinión pública, pero ésta se muestra contraria a que EE UU actúe en solitario. La Administración está presionando a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para que se apruebe una nueva resolución 'fuerte y eficaz' que respalde la labor de los inspectores de armas con la amenaza de uso automático de la fuerza en caso de que Irak incumpla sus requerimientos. Bush no quiere dejar ningún cabo suelto, pero tendrá serias dificultades para atarlos todos.

La doctrina general, ya adelantada por Bush en su discurso en West Point el pasado 1 de junio, supone el entierro definitivo de la estrategia de la disuasión y de contención de la guerra fría. Un problema central es que esta doctrina preventiva, también recogida en el proyecto de resolución para el Congreso, choca con la vigente legalidad internacional. La Carta de las Naciones Unidas sólo recoge el derecho al uso de la fuerza en 'legítima defensa' en caso de 'ataque armado' o porque lo decida el Consejo de Seguridad. Pero no frente a una 'amenaza inminente', concepto vaporoso que ahora quiere desarrollar la Administración.

La doctrina Bush es imperial, de un imperio que no se quiere someter a las leyes de todos y para todos. Tiene cierta coherencia interna, especialmente tras el 11-S, pero viene impregnada de un aventurismo que entraña graves riesgos. Estamos ante un viraje en la definición del mundo por EE UU tras lo que considera el fin de la posguerra fría, un proceso de revisión que se inició antes del 11-S. Aboga por preservar la supremacía militar de EE UU en todos los órdenes. También por impulsar la dignidad humana, una 'nueva era de crecimiento económico global', y ampliar el área geográfica de las libertades y la democracia.

Por detrás de estos buenos propósitos, el documento deja entrever una visión del mundo en la que las organizaciones multilaterales cuentan menos, pues se aboga por coaliciones ad hoc de voluntarios. Pone las crudas prioridades nacionales de EE UU en el centro y privilegia las relaciones con esos 'otros principales centros de poder global' que son Europa, Rusia, China e India. ¿Sabrá la hoy dividida Unión Europea estar a la altura de este desafío?