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La Diputación de Córdoba niega 'enchufismos' en la contratación

Seis de 5.400 contratos analizados presentan 'pequeñas anomalías'

José Antonio Albañir, delegado de Recursos Humanos de la Diputación de Córdoba, gobernada por PSOE e IU, negó ayer que hubiese 'enchufismos y corruptelas' en las contrataciones, como denunció el PP. 'De los 5.400 contratos que se han firmado en cuatro años', afirmó Albañir, 'sólo seis presentaban alguna pequeña anomalía y prácticamente todos se han normalizado ya'.

Miguel Ángel Torrico, diputado del PP y miembro de la Comisión de Contratación de la Diputación, consideró que la necesidad de normalizar estos contratos equivale a 'un reconocimiento implícito de que se realizaron irregularmente y de que se efectuaron sin respetar los principios básicos de publicidad, igualdad, mérito y capacidad'.

María Jesús Botella, diputada del PP, había señalado que el caso que llevó a la dimisión de Matías González (el anterior presidente de la institución, acusado de haber contratado irregularmente a una mujer con la que tenía una relación personal), no fue algo aislado, sino un ejemplo de una política de contratación marcada por 'enchufismos, corruptelas y paripés'.

Albañir consideró que estas palabras forman parte de una estrategia electoral, 'como botes de humo, destinados a distraer la atención de los graves problemas internos que tiene el PP, por ejemplo con Enrique Bellido [ex presidente popular destituido por la dirección]'. El delegado de Recursos Humanos explicó que cuando comenzó la legislatura, hace ya cuatro años, 'no había organigrama ni relación de puestos de trabajo y, sin embargo, era necesario cubrir determinadas funciones con rapidez'.

Desde que fue posible, añadió Albañir, todas las situaciones se fueron regularizando; ayer mismo se cerraba el proceso de normalización de una plaza. De esto debe exceptuarse, según matizó el diputado, el caso de la mujer que mantenía una relación personal con Matías González: 'Se encuentra en el ámbito judicial, en la fase de diligencias previas, y en cualquier caso el contrato está finalizado'.

Torrico respondió indicando que, a su juicio, la falta de organigrama no es excusa para saltarse los procedimientos legalmente reconocidos a la hora de efectuar contrataciones: 'Que se haga una convocatoria pública o que se acuda a la promoción interna', sugirió. Estos seis casos en concreto, indicó, provienen de una lista que aportó el PP a la reunión de la Mesa de Contratación celebrada ayer; no se trata de una enumeración exhaustiva, especificó, 'sino meramente ilustrativa'. Es posible que en lo sucesivo surjan más irregularidades, anunció.

El diputado del PP se quejó de la 'falta de transparencia' del equipo de gobierno, a cuyos miembros acusó de no estar dispuestos a facilitarles la información precisa sobre el particular y de 'querer pasar de puntillas sobre esto, ocultando datos significativos'. José Antonio Albañir restó crédito a la interpretación del diputado popular e indicó que 'los tres sindicatos que participan en la Mesa de Contratación (CC OO, UGT y CSIF) manifestaron que contaban con información suficiente para fiscalizar el proceso'.

El PP había solicitado, en el Pleno de la Diputación del viernes pasado, que se constituyese una comisión informativa especial de investigación sobre la cuestión de las contrataciones. La moción fue denegada, con los votos en contra de los diputados del PSOE e IU, y los representantes del PP abandonaron el Pleno, 'porque se retiró el uso de la palabra a María Jesús Botella cuando todavía no había terminado su exposición', según explicó Miguel Ángel Torrico, 'en una situación poco o nada democrática'.

Una vez que quedó descartada la comisión de investigación, el PP reclamó que se revisasen los contratos uno a uno y que se viese detalladamente cuál había sido el proceso de selección del personal. 'Estamos recabando datos', aseguró Torrico; 'no queremos actuar basándonos en cuchicheos de pasillo, sino con toda la información en la mano. Y una vez que dispongamos de lo necesario adoptaremos las medidas precisas'. El diputado del PP no descartó la vía judicial.

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