El Gobierno alega 'necesidad' para contratar de forma urgente

El Gobierno vasco justificó ayer la elevada adjudicación de las contrataciones públicas mediante el procedimiento de urgencia -sin un concurso abierto a todos, sino limitado a empresas elegidas- porque se trataba de obras o servicios 'cuya necesidad era inaplazable o cuya adjudicación ha sido preciso acelerar por razones de interés público'. El último informe del Tribunal Vasco de Cuentas, que ha fiscalizado la actividad del Ejecutivo autónomo en el ejercicio de 2000, constata que el 55% de los 66 expedientes analizados emplearon este mecanismo de contratación, por un importe de 137,4 millones de euros, mientras que la tramitación ordinaria se realizó en contratas un valor total de 112,5 millones. El órgano fiscalizador censura el 'excesivo uso' de la contratación sin un concurso abierto a todos y llama la atención de que con esta actuación 'la excepción [recurrir a un procedimiento de urgencia] se convierte en regla general'.

Sin embargo, un portavoz del Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno valoró 'positivamente' el informe del tribunal, 'en tanto que avala la legalidad del conjunto de las contrataciones adjudicadas' por la Administración vasca en 2000. Precisó que el procedimiento de urgencia está 'previsto en la ley de contratación' y argumentó que se ha recurrido a él 'en expedientes de contratación perfectamente tasados'.

El Ejecutivo señala que, 'como apunta de manera correcta' el Tribunal de Cuentas, la utilización de este mecanismos sólo logra la reducción en los plazos, 'lo cual agiliza el proceso, y en ningún caso interfiere con los procedimientos de publicidad y concurrencia previsto por la Ley de Contratación'.

Críticas del PSE y PP

Los partidos de la oposición expresaron ayer sus críticas a la política de contratación. Leopoldo Barreda (PP) dijo que la mayoritaria utilización del procedimiento de urgencia demuestra que el Gobierno 'incumple reiteradamente las recomendaciones' del tribunal. Añadió que, pese al compromiso de subsanarlo después de cada informe, el Ejecutivo no lo hace y se ha llegado 'a una situación escandalosa'. Barreda cree que estos hechos llevan a que las instituciones 'pierdan credibilidad' ante los ciudadanos.

Por su parte, Isabel Celáa (PSE) señaló que el informe evidencia que 'no hay mucha transparencia en la contratación pública, y en las sociedades públicas es más escandaloso'. Celáa anunció que su grupo formulará alguna iniciativa parlamentaria al considerar que 'es un sistema de empresa privada'. La parlamentaria socialista resaltó también el desfase apuntado por el tribunal en la relación de puestos de trabajo de los profesores, al aumentar la contratación de profesores interinos. 'El curso pasado tuvimos hasta un 237% de interinidad. Este afectará a más de 5.000 profesores, frente a los más de 4.000 del curso pasado'.