Aplazado el juicio por el naufragio de Banyoles por un cambio de jueces
Los complejos preparativos para el macrojuicio por el hundimiento del catamarán turístico L'Oca en el lago de Banyoles -200 testigos, 14 abogados, 30 tomos de documentación y entre 2 y 3 meses de vista pública- pueden sufrir un grave contratiempo a causa de la incompatibilidad para juzgar el caso por parte de la magistrada que debería dictar sentencia. En el naufragio, ocurrido en octubre de 1998, perecieron 21 jubilados franceses. Con toda probabilidad la vista no podrá celebrarse el próximo 23 de septiembre, en unas dependencias que el Departamento de Justicia de la Generalitat había reservado expresamente en el Palacio de Ferias de Girona. El presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba, lamentó ayer el posible retraso en el inicio de este importante juicio.
El contratiempo se debe a la incompatibilidad que tendrá la juez Montserrat Bastit para dictar sentencia en un caso en el que ya se hizo cargo de la instrucción. La ley establece que sea otro magistrado diferente del que instruye quien se encargue de presidir el juicio. Bastit ha sido nombrada titular del Juzgado Penal número 2 de Girona hace escasos días, precisamente el juzgado que debe juzgar el naufragio. A falta de unas dos semanas para el inicio del juicio, la sustituta de Montserrat Bastit no dispondrá de tiempo material para leer los 30 tomos del sumario. Lacaba explicó que la vista podría retrasarse hasta el próximo mes de noviembre o incluso hasta principios de 2003.
Un juicio complejo
El más que probable retraso supone un grave contratiempo para la compleja organización del macrojuicio. El Departamento de Justicia había buscado alojamiento para los testigos franceses que debían desplazarse a Girona. Además, había contratado los medios técnicos necesarios para facilitar una señal televisiva en directo a fin de que los familiares y testigos que se vieran obligados a permanecer en Francia pudieran seguir la vista oral. También se había previsto una interrupción del juicio durante la celebración de las fiestas patronales de Girona, a finales de octubre y primeros de noviembre.
Las autoridades francesas han ejercido una enorme presión sobre el Departamento de Justicia de la Generalitat y han criticado en algunas ocasiones anteriores demoras en el proceso judicial. El propio consejero de Justicia, Josep Delfí Guàrdia, se mostró molesto por estas críticas y expresó recientemente sus dudas respecto a si la justicia francesa habría ofrecido los mismos medios en caso de que el naufragio hubiera ocurrido en aguas de Francia.
En el juicio tienen que comparecer como acusados de un delito de homicidio por imprudencia los propietarios de la embarcación que naufragó, Bartomeu Gayolà y Simó Rodríguez, así como el ex concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Banyoles, Josep Alzina.
