Agricultura elabora una ley para arrancar más ayuda europea al campo

El Consell remitió ayer a las Cortes un proyecto de ley de ordenación de estructuras agrarias que pretende optimizar el acceso de los agricultores valencianos a las ayudas europeas para la modernización de sus explotaciones.

María Ángels Ramón-Llin, consejera del ramo, explicó que, por un lado, el 80% de los agricultores valencianos se dedican a sus explotaciones a tiempo parcial y no tienen la consideración de profesionales que requiere Bruselas para obtener fondos y, por otro, el tamaño de la mayoría de las explotaciones es demasiado pequeño para acceder a fondos europeos.

La ley de estructuras agrarias impulsa la concentración de minifundios en asociaciones de agricultores gestionadas por profesionales para cumplir todas las exigencias que impone la Unión Europea para subvencionar las modernización de las explotaciones.

Ramón-Llin afirmó que la norma ha sido pactada con todos los representantes del sector y responde a un compromiso político del Consell cuya culminación se ha dilatado para lograr el apoyo de todos los implicados.

El proyecto de ley tipifica una nueva modalidad de suelo de especial interés agrario y establece que la Consejería de Agricultura deberá autorizar las modificaciones de los planes generales de urbanismo que impulsen los ayuntamientos. Ramón-Llin evitó especificar los criterios que definen el suelo de especial interés agrario, aseguró que la norma no supone ningún tipo de intromisión en la autonomía municipal de las entidades locales y eludió vincular la nueva figura con la posible protección de la huerta tradicional que rodea la ciudad de Valencia.

José Ramón García Antón, consejero de Obras Públicas, presentó dos anteproyectos de ley sobre vivienda y calidad de la edificación que serán remitidos al Consejo Jurídico Consultivo. Ambas normas inciden en la calidad de las promociones de nueva vivienda para proteger un bien esencial que genera un abultado número de reclamaciones de los ciudadanos ante la Administración.

Silencio administrativo

La principal novedad que introduce el anteproyecto sobre calidad de la edificación refiere a la concesión de licencias municipales de construcción. De acuerdo con la nueva norma el silencio administrativo nunca será considerado positivo para acometer la construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, los promotores que obtengan la acreditación de calidad de la construcción de una entidad autorizada podrán exigir al ayuntamiento correspondiente que se pronuncie al respecto en el plazo máximo de 15 días.

Según García-Antón, la Generalitat acreditará la calidad de las nuevas viviendas para salvaguardar los derechos de los consumidores. 'Del mismo modo que los hoteles tienen tres, cuatro o cinco estrellas, los usuarios dispondrán de una referencia para conocer la calidad del producto que compran', afirmó el consejero.

La posibilidad de que los nuevos proyectos sean aprobados antes del fin de la presente legislatura es remota. Las Cortes Valencinas tramitan en estos momentos seis leyes de diverso calado pero el próximo periodo legislativo estará casi exclusivamente destinado al debate de los presupuestos de la Generalitat para 2003. Sin embargo, José Joaquín Ripoll Serrano, vicepresidente y secretario del Consell, se mostró convencido de que todos los proyectos en marcha 'y algunos más' serán aprobados antes de que se disuelvan las Cortes.