Batasuna no condena

El atentado de Santa Pola, el primero cometido por ETA tras la entrada en vigor de la Ley de Partidos, ha provocado que las formaciones políticas vuelvan sus miradas hacia Batasuna. La no condena del atentado por ese partido, que pasa por ser el brazo político de ETA y sobre el que el juez Garzón ha lanzado sospechas fundadas de ser la marca legal del conglomerado etarra, ha sido valorado como un dato relevante a los efectos de poner en marcha las previsiones de dicha ley.

La ausencia de condena por parte de Batasuna del atentado de Santa Pola mientras el resto de las fuerzas políticas lo han condenado, incluida Aralar (la formación política escindida de Batasuna), es más que elocuente. Sólo cabe interpretarla como una muestra de complicidad política con los asesinos de la niña de seis años y del hombre de 57 en el atentado del domingo en Santa Pola, que acentúa todavía más los ribetes más negros de Batasuna, cada vez más aislada del resto de partidos políticos y de la ciudadanía vasca.

Por si hiciera falta, su portavoz Arnaldo Otegi ha venido a subrayar aún más esa complicidad con una de sus explicaciones al uso, atribuyendo el atentado de ETA en Santa Pola a la persistencia de 'un conflicto que dura ya dos siglos' y endosando a Aznar la responsabilidad 'de lo que está ocurriendo y de lo que pueda ocurrir en el futuro'. Bien es cierto que Otegi se cura en salud y toma sus precauciones ante la Ley de Partidos asegurando que 'no justifica ni ampara lo ocurrido ayer', pero la explicación que ofrece es difícil no interpretarla como una exculpación o eximente del crimen cometido por ETA en la ciudad alicantina.

La omisión de una condena explícita, aunque revele una evidente complicidad política, tiene una difícil articulación legal, incluso al amparo de la Ley de Partidos. El texto legal se refiere expresamente a 'justificar o exculpar los atentados', a dar 'apoyo expreso o tácito al terrorismo' y a 'exculpar o minimizar su significado'. Se trata de aspectos sujetos a interpretación judicial y, por tanto, endebles y azarosos para sustentar por sí solos una demanda de ilegalización. Pero esa actitud, que desmarca tan clamorosamente a Batasuna del comportamiento de los partidos democráticos, no puede sino poner en situación de alerta al conjunto de fuerzas políticas, al Parlamento y al Gobierno. No basta seguramente por sí sola para actuar judicialmente contra Batasuna, pero sí para poner en marcha el reloj de su futura ilegalización, dejando a las fuerzas políticas parlamentarias y al Gobierno la elección del momento procesalmente oportuno.

En todo caso, no hay que olvidar que la Ley de Partidos, a medio camino entre lo penal y lo civil, es un intrumento a la vez político y jurídico. En consecuencia, debe ser utilizado con prudencia y no 'cuanto antes', por más que los dirigentes de Batasuna se comporten moralmente como 'basura' (algo que, aunque sea cierto, es impropio que lo diga el presidente del Gobierno), sino cuando proceda y con el mayor fundamento legal posible. Precipitarse en una cuestión tan importante podría ser tan contraproducente como demorarse más de lo debido. La Ley de Partidos, como todas las leyes, está para aplicarse, pero no de cualquier modo y arriesgando un desenlace judicial distinto del perseguido. En ese sentido, la actitud del vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, es políticamente prudente y jurídicamentee cautelosa: no actuar antes de disponer de los pertinentes informes jurídicos sobre la cuestión, como corresponde a una decisión que implica aplicar por primera vez en España una ley que podría dejar fuera de la legalidad a una formación política a la que votan varias decenas de miles de ciudadanos.

Mientras tanto, la batalla para acabar con ETA sigue pasando por el acoso policial, la detención y puesta a disposición judicial de sus comandos y la gestión leal del Pacto Antiterrorista entre PP y PSOE. Y por la desaparición de obstáculos tan formidables para su éxito como la ruptura de las fuerzas democráticas en el País Vasco y la ausencia del imprescindible diálogo institucional entre Madrid y Vitoria. Pero esa situación será difícilmente reversible mientras el nacionalismo democrático vasco se separe de los partidos democráticos y limite su política a estrategias soberanistas coincidentes con los fines por los que ETA atentó y asesinó el domingo en Santa Pola y que pone en entredicho el pacto constitucional y estatutario que garantiza la convivencia entre los vascos. Lo quiera o no Ibarretxe, esas estrategias rompen el clima imprescindible de lealtad y confianza entre las fuerzas políticas y dificultan cualquier intento de 'combatir juntas a ETA' como ayer reclamaba el lehendakari.