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El fiscal pide 21 años de cárcel para el ex alcalde de Puebla por nueve delitos

De Genaro Molina Rodríguez, el ex alcalde independiente de Puebla de Don Fadrique y actual concejal de este pueblo granadino, se conocían por referencia de terceros muchas anécdotas acerca de su comportamiento extravagante y violento, pero hasta ayer ninguna instancia judicial le había acusado formalmente por ello. El escrito de acusaciones dado a conocer por la Fiscalía del TSJA imputa a Molina nueve delitos cometidos entre 1991 y 1995, durante su mandato al frente de la corporación de Puebla, que suman en total 21 años de cárcel y setenta de inhabilitación.

Las imputaciones del fiscal son variadas y de ellas se desprende el espíritu con que Molina gobernó su pueblo. En 1993, y para resolver el impago al Ayuntamiento de 2 millones de pesetas, la empresa deudora amplió su capital social e invitó al municipio a formar parte del accionariado. Además de los dos millones, el municipio aportó dos inmuebles sin contrapartida económica.

Entre los años 1993 y 1994 el municipio, para gestionar unos cursos de formación de la Consejería de Trabajo, contrató a una empresa participada por el Ayuntamiento en un 70%. Los 47.541 euros de subvención aún no han sido justificados como tampoco se ha certificado la conclusión de los cursos para formar a camareros y cocineros.

Pero las irregularidades contenidas en el escrito de acusación no acaban aquí. Entre 1993 y 1995 Genaro Molina se ausentó de su cargo en varias ocasiones, aunque continuó cobrando los haberes aprobados por el pleno. Como sustituto nombró al concejal Bernardo Romero Molina quien, a cambio de ocuparse de la Alcaldía provisionalmente, percibió 8.894 euros al margen del sueldo que le correspondía como concejal encargado de la Tesorería. Los libramientos de pago no fueron supervisados por el interventor municipal que hizo constar los reparos consiguientes.

Por último, en octubre de 1994, el pleno, a propuesta de Genaro Molina, acordó suscribir una plan de vida y jubilación con la firma Previasa pero sólo a favor de los componentes del grupo político del alcalde. El Ayuntamiento desembolsó por este concepto 4.845 euros. La fiscalía imputa por todos estas supuestas irregularidades diferentes delitos de malversación de caudales, prevaricación, infidelidad en custodia de documentos y fraude.

Genaro Molina ha sido denunciado recientemente ante la Audiencia Nacional por un delito de fraude como presidente de la Fundación Europea de Municipios y Regiones, una asociación privada que ofrecía a los municipios la instalación de centros de informática (véase EL PAÍS de Andalucía del pasado 23 de mayo).

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