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El Consell cede a una firma privada un solar y un edificio para construir residencias de mayores

La oposición entiende que se discrimina a empresas que se ven obligadas a comprar suelo

El Consell ha cedido un solar y un antiguo hospital a la unión temporal de empresas formada por Obrascon Huarte Lain y la Asociación de Servicios Ascer, para que construya residencias de mayores y cumpla con la obligación que contrajo con Bienestar Social de realizar sendos centros en Alcoy y Sant Vicent del Raspeig en el concurso de este departamento para ofertar 9.021 nuevas plazas. La unión temporal de empresas pagará un alquiler y la rehabilitación del hospital cedido en Alcoy. La restauración costará el doble que un edificio nuevo. Para el diputado socialista Antonio Torres, esta situación supone una discriminación para otras firmas del concurso que han tenido que comprar terrenos o 'buscarse la vida'.

En el caso de Alcoy, el Consell ha otorgado una concesión sobre el antiguo hospital civil Oliver, a cambio de su rehabilitación y equipamiento para convertirlo en una residencia de la tercera edad. El proyecto prevé una capacidad para el centro de de 140 plazas, de las cuales 47 se pondrán a disposición de la Consejería de Bienestar Social para alojar a personas mayores dependientes y las restantes se explotarán de forma privada por las firmas que forman la unión temporal de empresas (UTE).

El departamento que dirige Rafael Blasco justificó esta cesión en la solicitud que partió de las empresas con el compromiso de efectuar la rehabilitación del inmueble, cuyo coste, según una valoración oficial, es de unos 6.611.133 euros (1.100 millones de pesetas). Bienestar Social señala que la UTE 'asumirá el coste de la rehabilitación, cuando la construcción de un nuevo centro rondaría los 3.005.060 euros [500 millones de pesetas]'. Además, apunta que se trata de 'una rehabilitación de un bien de la Generalitat sin coste alguno y sin perder su titularidad', lo que producirá 'el mantenimiento del bien en condiciones óptimas con un considerable ahorro de recursos públicos'.

La cesión de un solar de 7.981,62 metros cuadrados a la misma UTE en Sant Vicent del Raspeig responde a 'la imposibilidad de encontrar terrenos adecuados para construir una residencia para mayores', de nuevo de 140 plazas, de las cuales 47 serán de acceso público. En este caso, la utilización del solar 'genera el pago de un canon de utilización a favor de la Administración que asciende a 29.497,06 euros anuales [4,9 millones de pesetas]'. Bienestar Social añade que el centro 'se integrará dentro de una parcela destinada a servicios asistenciales y sociosanitarios', por lo que entiende que 'induce un valor añadido adicional al destino de la parcela a esta finalidad, pues la concentración de la oferta de servicios sociales en el total del inmueble mejoraría las condiciones de prestación de los mismos'.

Esta doble cesión supone para el diputado autonómico del PSPV Antonio Torres una discriminación hacia otras empresas concesionarias del concurso de la construcción de residencias, que han tenido que comprar solares o 'buscarse la vida' para cumplir con sus obligaciones con la Administración. Además, critica lo que considera un trato de favor que ofrece unas condiciones ventajosas a determinadas entidades para poner en marcha un negocio privado.

Torres recuerda que el concurso de Bienestar Social contemplaba que un tercio de las nuevas plazas de las residencias se cedería a la Administración, pero los dos tercios restantes serán plazas privadas, por lo que con la cesión del Consell se facilita el negocio de una empresa privada.

El diputado socialista también duda de que la UTE integrada por Obrascon Huarte Lain y la Asociación de Servicios Ascer se gaste 3,5 millones de euros en la rehabilitación del antiguo hospital, ya que 'la construcción de una residencia no vale eso'. '¿Por qué una empresa se va a gastar el doble de lo que cuesta construir una residencia?', se pregunta.

Junto a todo ello destaca el hecho de que las cesiones hayan tenido lugar en localidades donde gobierna el Partido Popular y en las cuales el control municipal estaba antes en manos socialistas. En julio de 2000 el distanciamiento entre los grupos de izquierda llevó al popular Miguel Peralta a la alcaldía de Alcoy. En el caso de Sant Vicent del Raspeig, una moción de censura apoyada por cuatro ediles ex socialistas elevó a la alcaldía a la popular Luisa Pastor, esposa del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José Ramón García Antón. Torres se pregunta si en ayuntamientos donde no esté el PP se podrán producir cesiones de terrenos o de inmuebles cuyo propietario sea la Generalitat.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de julio de 2002