El Poder Judicial ampara a Garzón frente a los ataques vascos por imputar a Batasuna los daños de la 'kale borroka'
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) amparó ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón frente a los ataques de 'distintos dirigentes políticos del País Vasco' por imputar responsabilidades civiles a Batasuna por los daños de la kale borroka o lucha callejera.
Garzón pidió el amparo, entre otros ataques, por la afirmación del consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, quien le acusó de ser 'fiel brazo político' del Gobierno central.
El amparo acordado por el CGPJ se fundamenta en que las manifestaciones de dichos dirigentes políticos vascos 'a propósito de las actuaciones judiciales realizadas' por Garzón 'transgreden los límites de lo permisible dentro del necesario respeto a las instituciones y a un poder esencial del Estado como lo es el poder judicial, y no sólo atentan y pretenden perturbar la independencia que resulta consustancial elemento de la función de juzgar, sino que colisionan con el respeto debido a la básica estructura del Estado de Derecho'.
El acuerdo tuvo 16 votos favorables, del total de 21 consejeros, todos los cuales se manifestaron a favor de dar amparo a Garzón, si bien varios de ellos se abstuvieron o votaron en contra por estimar más enérgica esta declaración que la aprobada en defensa del Tribunal Supremo frente a las críticas del Gobierno del PP por archivar el caso Otegi.
Escuela Judicial
El pleno del CGPJ aprobó también el nuevo organigrama de la Escuela Judicial, que había sido rechazado por tres votos a dos por la Comisión de Escuela el pasado 5 de junio. La presencia de José Antonio Alonso, a pesar de ser padre ayer mismo, no evitó que el sector conservador aprobara por 11 votos (los 10 vocales propuestos por el PP más el presidente) el nuevo organigrama, objetado por Luis Aguiar y demás vocales progresistas, quienes lo atribuyeron al propósito de la mayoría de satisfacer 'compromisos adquiridos' con los jueces conservadores.
Por otra parte, el CGPJ aprobó gastar 480.810 euros en 2003 para carteles y buzones de quejas de los ciudadanos sobre la justicia.
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