La Audiencia encarcela a un abogado que se quedó con la indemnización de un obrero despedido

La Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión de un abogado que se quedó la indemnización por despido improcedente que le correspondía a un cliente. La Sección Décima adoptó esta decisión el pasado miércoles, después de que el abogado no compareciese a una vista en la que debía demostrar que había devuelto el dinero.

Los hechos arrancan del año 1995, cuando el letrado José Antonio de la Maza Baile defendió los intereses de su cliente en un juicio laboral celebrado en el Juzgado de lo Social número 22 de Barcelona. El abogado ganó el juicio y el 26 de abril recibió un mandamiento de devolución por importe de 1.950.000 pesetas como pago parcial de la indemnización. Dos meses después, el 23 de junio del mismo año, el abogado cobró otro mandamiento a favor del mismo cliente por importe de 11.505.941 pesetas.

En ambos casos, asegura la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, el abogado 'hizo suyas las cantidades recibidas, y sin comunicar esto a su cliente, ingresó en la cuenta bancaria abierta a su nombre las referidas cantidades, disponiendo como propio del dinero recibido'. El cliente no llegó a cobrar ningún dinero y decidió denunciarlo.

El juicio contra el abogado se celebró a primeros de este mes en la Audiencia de Barcelona y el tribunal le impuso una pena de dos años de prisión, además de condenarle a devolver a su cliente los 80.871,83 euros (13,4 millones de pesetas) que le correspondían de la indemnización, más interes. Durante el juicio, el letrado confesó los hechos y aceptó la pena de dos años que solicitaba la fiscalía sin que prosiguiera la vista, una posibilidad que prevé la ley. La sentencia establece que el abogado actuó con 'ánimo de enriquecimiento' y destaca que 'mantenía una relación de confianza con el cliente' y que se trata de una 'cuantía importante'.

La condena de dos años le hubiera permitido obtener la libertad provisional, siempre que hubiera devuelto el dinero, pero como eso no ha ocurrido el tribunal ha acordado dictar una orden de detención e ingreso en prisión contra el abogado.

El tribunal aplicó al acusado la atenuante de drogadicción porque cuando ocurrieron los hechos era consumidor de cocaína y 'tenía dismunidas sus capacidades volitivas ante la necesidad de conseguir dinero para comprar el estupefaciente'. Además, el tribunal le condena a pagar los costos del proceso y una multa de 1.080 euros. La pena de cárcel de dos años comporta la de inhabilitación para ejercer como abogado.