Guipúzcoa y Vizcaya no acordarán el nuevo peaje de la A-8 hasta finales de año
Los socialistas han apoyado cánones diferentes en cada territorio
Las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya no consensuarán el nuevo peaje en la A-8, en caso de lograr un acuerdo, hasta finales de año. Pese a que la concesión pasará a las instituciones el próximo junio, ambas han fijado un canon diferente: siete céntimos de euro por kilómetro en el tramo guipuzcoano y cinco en Vizcaya. El diputado guipuzcoano de Carreteras no ve muchas diferencias. El PSE, que fue partidario de la gratuidad, ha apoyado los distintos peajes en ambos territorios.
Los 106 kilómetros de la autopista A-8 (Bilbao-Behobia) fueron transferidos oficialmente en enero de 2000 al Gobierno vasco y de éste a las diputaciones vizcaína y guipuzcoana poco después. Pero la concesión del peaje a la empresa Europistas no concluye hasta junio de 2003.
Por ello, en 1999 los diputados generales de los dos territorios anunciaron para el siguiente año un nuevo sistema de explotación de la A-8, puesto que se quería mantener el peaje. Pese al anuncio, cada diputación ha realizado sus estudios y ha acordado sus propios modelos con diferencias tan apreciables como un elemento fundamental: el peaje. Aunque hace año y medio iniciaron reuniones periódicas para acordar un sistema conjunto, hoy día no existe el consenso.
El diputado de Transportes y Carreteras de Guipúzcoa, Antton Jaime (EA) restó ayer importancia a las diferencias porque, según indicó, los siete céntimos de euro de Guipúzcoa (canon que cuenta con el visto bueno del PSE) incluyen el IVA (16%), mientras que los cinco de Vizcaya no.
Jaime manifestó que ambas instituciones están conversando para intentar consensuar una tarifa única en todo el tramo de la A-8. 'En principio, en ambos territorios hay voluntad para que el usuario tenga los mismos precios', recalcó, y reconoció que el asunto, de resolverse, se solventará 'a lo largo del próximo otoño'. Pero, al mismo tiempo, apuntó que su departamento no se plantea ahora modificaciones.
La Diputación guipuzcoana tiene previsto gestionar tanto la A-8 como la Eibar-Vitoria (A-1), actualmente en construcción, a través de una sociedad pública, aunque la explotación del peaje se contratará de nuevo a una empresa privada. Esto representa también una diferencia con Vizcaya, que ha creado una sociedad pública para gestionarlo. Jaime señaló que los modelos de ambos territorios son 'calcados'.
El departamento vizcaíno de Obras no opinó ayer sobre este asunto, pese a los requirimientos de este diario. Josu Montalbán, portavoz del PSE en Vizcaya, consideró que Guipúzcoa 'tenía que haber tomado en cuenta' el acuerdo en Vizcaya, logrado en marzo. La existencia de precios diferentes evidencia, a su juicio, la necesidad de 'que por encima haya un tutelaje del Gobierno vasco. No puede ser que cada territorio aplique normas diferentes'.
Jesús Isasi (PP) insistió en pedir la gratuidad de la A-8, demanda que también realizan los populares guipuzcoanos, y opinó que este asunto 'está mal desde el principio. Ahora cada uno tira a su bolsillo'. Recordó el escaso margen de tiempo para llegar a acuerdos 'porque las Juntas se disuelven en marzo'.
