El sucesor de Gil prepara el tercer examen del Plan General de Marbella ante la Junta

El Ayuntamiento de Marbella prepara la tercera revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que presentará en el plazo de mes y medio ante la Comisión Provincial de Obras Públicas y Urbanismo. Tras las suspensión de los dos proyectos anteriores, el nuevo texto ha recibido alrededor de 60 alegaciones de particulares, partidos políticos y distintos colectivos durante los dos meses que ha permanecido a exposición pública. El equipo redactor del documento deberá decidir ahora si acepta o no las reclamaciones, antes de someterlo al dictamen de la Junta.

En cualquier caso, el alcalde de Marbella, Julián Muñoz, confía que en esta ocasión el PGOU salga adelante. 'Intentaremos por todos los medios que se apruebe', señala el regidor. Sin embargo, no parece que el planeamiento elaborado por el equipo municipal de gobierno, del Grupo Independiente Liberal (GIL), vaya a lograr tampoco esta vez el visto bueno de la Junta de Andalucía. PSOE, PP y PA insisten en que el documento 'fulmina' zonas verdes y equipamientos, no prevé infraestructuras y no se ajusta a las indicaciones realizadas por la comisión provincial de Urbanismo en julio de 1998, fecha en la que el organismo rechazó por primera vez el plan y exigió al Ayuntamiento la redacción de un texto refundido.

'Han ignorado deliberadamente las determinaciones de la Junta de Andalucía', dice la portavoz municipal socialista, Isabel García Marcos, que el viernes hizo públicas las alegaciones presentadas por su partido. García Marcos ha exigido al pleno que 'acuerde la devolución' del PGOU a la oficina municipal de Urbanismo, con el fin de que se redacte un texto refundido 'conforme a las resoluciones' de la comisión provincial de Urbanismo.

En la misma línea se han manifestado el resto de los grupos de la oposición. Según la presidenta local del PP, Angeles Muñoz, el documento es 'jurídicamente nulo' y tiene pocas posibilidades de superar las denuncias que se le planteen. 'Esperamos que vuelva a ser rechazado', apunta, aunque sin embargo pide a la Junta que levante la parte que puede ser aprobable que bloquea las inversiones públicas.

También el concejal del PA, Carlos Fernández, ha mostrado su 'rechazo absoluto' al PGOU, que define como 'un cúmulo de convenios urbanísticos negociados al margen de la Ley'.

Pero las reticencias de la oposición no parecen preocupar al nuevo alcalde de Marbella. 'Para mí la verdad no la tienen los partidos políticos', explica Julián Muñoz, que considera que su grupo ha hecho 'bien' los deberes. Lo cierto es que las declaraciones del regidor se contradicen con los resultados del último balance de las actuaciones de la Policía Urbanística de la Costa del Sol, que en los primeros seis meses de este año ha abierto 79 expedientes a obras realizadas en Marbella.

Recalificaciones

Por si esto fuera poco, el GIL mantiene la recalificación de 11 millones de metros cuadrados de suelo forestal, que cuenta con la oposición frontal de la Junta de Andalucía, que en octubre de 2000 rechazó por segunda vez el documento principalmente por este motivo.

Una vez que el equipo municipal de gobierno envíe a la Junta su tercer proyecto de revisión del PGOU, la Administración autonómica dispondrá de un plazo de seis meses para estudiar los documentos, un periodo que podría alargarse si los técnicos del gobierno andaluz deciden solicitar información complementaria.

Entre las alegaciones de particulares, destaca el caso de la comunidad de vecinos del Marbella House, que protesta contra la construcción de un gran centro deportivo y de ocio en Molino de Viento, en una parcela de 8.475 metros cuadrados en primera línea de playa calificada como zona verde pública en el PGOU vigente. La comisión de gobierno aprobó en marzo la cesión de estos terrenos, que valoró en 4,2 millones de euros, a cambio de 300 aparcamientos subterráneos, un canje que el PSOE tachó de 'escandaloso'. Los socialistas cifran el precio del solar en 19,8 millones de euros. En sus alegaciones, los vecinos acusan al Ayuntamiento de incrementar la edificabilidad, congestionar el entorno, incumplir la Ley de Costas y perjudicar a las parcelas limítrofes.