El Gobierno prepara medidas para fomentar la competencia en las telecomunicaciones

El Gobierno prepara un paquete de medidas urgentes para aumentar la competencia en el sector de telecomunicaciones, que domina aún Telefónica en más del 85%. Las medidas, que se aprobarán antes de las vacaciones en su mayor parte, pretenden proteger a las nuevas compañías mediante rebajas fiscales y salvaguardas comerciales que les permitan ganar clientes frente a Telefónica. En compensación, el ex monopolio tendrá un marco de tarifas más flexible, en el que se suavizarán las bajadas de precios a las que se le ha obligado en los últimos años.

Cuatro años después de la liberalización, el mercado español de las telecomunicaciones sigue dominado en un 85% por Telefónica, el antiguo monopolio. De esta situación se han venido quejando las más de 100 nuevas compañías telefónicas que operan en España pero sus quejas no habían fructificado. Al final Gobierno ha decidido reaccionar ante la advertencia lanzada el mes pasado por los competidores de Telefónica: con la regulación actual está en peligro no sólo la competencia sino la propia supervivencia de las empresas, sus inversiones y miles de puestos de trabajo.

En efecto, pese a la inversión desembolsada (13.000 millones de euros) desde la liberalización, ninguna de las compañías alternativas de telefonía fija (Retevisión, Uni2, Jazztel, Aunacable, Ono, por citar a las que tienen mayor cuota) ha conseguido por el momento ser rentable. Por eso el Gobierno está dispuesto a aceptar parcialmente algunas de sus demandas.

Según fuentes cercanas a la negociación, entre las propuestas que cuentan con más garantías de salir adelante se encuentran las que tienen que ver con la preselección, mecanismo por el que los abonados encaminan automáticamente todas sus llamadas por una compañía distinta de Telefónica, manteniendo su instalación telefónica, y que en España alcanza a 1,65 millones de usuarios. Los operadores piden que se imponga una moratoria de ocho meses, durante los cuales Telefónica no podrá realizar ningún tipo de práctica comercial para recuperar al cliente perdido. Asimismo, se endurecerán las exigencias a Telefónica para que tramite con mayor rapidez las solicitudes de los clientes que quieran pasarse a otro operador.

También tienen muchos visos de prosperar las propuestas encaminadas a abrir los contratos de telecomunicaciones de los distintos organismos públicos, mediante una nueva legislación en los concursos que impida a Telefónica pujar con precios demasiados bajos o la exigencia de que se saquen a concurso más servicios.

Sin embargo, el Ejecutivo teme que el peso de estas medidas suponga un impacto demasiado negativo sobre las cuentas de Telefónica, y para compensar la previsible caída de ingresos que puede suponer la pérdida de clientes, planea flexibilizar el actual régimen de tarifas al que está sujeto la antigua operadora pública, un sistema de precios máximos (price cap ) que le obliga a rebajar los diferentes tipos de llamadas de acuerdo a un porcentaje referenciado a la inflación.

Según datos de Telefónica, en los últimos seis años, sus tarifas han caído un promedio del 34,18%, a razón del 5,7% anual, destacando más las bajadas en el caso de las llamadas de larga distancia (provincial, interprovincial e internacional). En este contexto, el Ejecutivo reducirá al mínimo las exigencias a Telefónica sobre reducción de tarifas que se han experimentado en los últimos años y, en algunos casos, se autorizará incluso aumentos de precios de acuerdo con la inflación. Con esta medida están en principio de acuerdo los operadores alternativos, ya que la constante reducción de precios de los últimos años les ha dejado sin margen comercial, aunque piden que se vigile a Telefónica para que no realice nuevos planes de descuentos, al margen de las tarifas oficiales. Más difícil tienen para prosperar las propuestas relativas a las fijación de cuotas máximas para Telefónica en el acceso rápido a Internet a través de ADSL.

Las medidas a aprobar dependen de tres ministerios -Ciencia y Tecnología, Economía y Hacienda- y de la CMT. Las propuestas fiscales se aprobarán después del verano, aprovechando la tramitación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. En esta materia, el Ejecutivo está dispuesto a estudiar una nueva rebaja de la denominada tasa radioeléctrica, fijada en 240 millones de euros, que afecta a los operadores de telefonía móvil y fija vía radio.