Marbella sigue concentrando la inmensa mayoría de las infracciones urbanísticas detectadas en la Costa del Sol

El balance de actuaciones de la Policía Urbanística de la Costa del Sol en los primeros seis meses del año revela que Marbella sigue siendo la primera localidad en número de infracciones. La unidad policial, dependiente de la Junta de Andalucía, ha abierto entre enero y junio 119 expedientes, 79 de ellos referidos a obras localizadas en el término municipal de Marbella.

La infracción más común en este municipio es el incumplimiento de las calificaciones otorgadas a las parcelas en el PGOU de 1986, que la Junta considera vigente -la revisión promovida durante la etapa de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) está aún pendiente de aprobación-. Pero también se observan infracciones por exceso de altura de los edificios o por superar la edificabilidad permitida para un terreno.

Marbella fue también el primer municipio en infracciones detectadas en el primer año de funcionamiento de la Policía Urbanística (81 expedientes de 120). La llegada a la alcaldía de Julián Muñoz tras la inhabilitación judicial de Jesús Gil no ha cambiado la tendencia infractora, ya que 24 denuncias se han producido después del 2 de mayo, fecha en que Muñoz tomó posesión como alcalde, si bien éste siempre ha defendido que el PGOU que considera válido es el elaborado por el GIL.

También Benalmádena se ha vuelto a confirmar como el segundo municipio donde más infracciones se registran, aunque a enorme distancia de Marbella. En esta localidad, la policía ha incoado 12 expedientes, uno más que en todo su primer año de funcionamiento.

La tendencia de desplazar la presión urbanística desde la costa, muy saturada ya, hacia el interior, se confirma con la irrupción de un municipio de segunda línea, como Casares, en la lista de infractores. En Casares se han incoado seis expedientes, sobre todo por exceso de altura en las construcciones. Otros pueblos de interior donde se han detectado incumplimientos en estos seis meses son Mijas (1), Frigiliana (1), Vélez-Málaga (una en el interior y otra en el núcleo de población costero de Benajarafe) y Cómpeta (2 expedientes, de los que sólo uno se ha confirmado como incumplimiento). Los tres últimos pueblos se localizan en la comarca de La Axarquía, una de las más acosadas por la presión urbanística por su proximidad a la costa. El resto de los expedientes corresponde a municipios de playa, como Rincón de la Victoria (2), Manilva (3), Fuengirola (1), Málaga (2), Estepona (3) y Torremolinos (2).

Sin embargo, no todos los expedientes se confirman después como ilegalidades. En este caso, de los 119 abiertos hay 97 casos en los que se incumple la legalidad, 14 que están aún por determinar y ocho en los que se ha demostrado que se cumple (sólo uno de ellos corresponde a Marbella). Una vez detectadas las irregularidades, la Junta las traslada al ayuntamiento concernido para que adopte medidas.