El PP y el PSPV buscan una salida al polémico acuerdo sobre los ex presidentes de la Generalitat

Populares y socialistas mantuvieron en la tarde de ayer numerosos contactos para encontrar una salida a la polémica desatada por el acuerdo sobre el estatuto de los ex presidentes del Consell, e intentar reducir el coste político que el pacto suponía para ambas formaciones, especialmente para el PSPV. La iniciativa ha generado un profundo malestar en las filas socialistas. La proposición de ley, que será aprobada hoy en las Cortes, otorga a los ex jefes del Consell la posibilidad de contar de manera vitalicia con un sueldo similar al que cobraban, coche oficial y despacho con dos asistentes.

Desde que se hizo público que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, habían cerrado el acuerdo para regular el futuro de los ex responsables del Consell, el líder socialista ha visto como arreciaban las críticas en el seno de su partido. Las comunicaciones escritas y verbales expresando malestar o disconformidad han ido aumentando a medida que pasaban los días, al igual que los pronunciamientos en privado de algunos dirigentes locales, que creen que la adopción de una medida tan polémica como ésta va a tener un coste electoral directo en los comicios municipales de 2003. Las críticas dentro de PSPV-PSOE han cuestionado, fundamentalmente, el apoyo de los dirigentes del partido a que los ex presidentes de la Generalitat puedan gozar con carácter vitalicio de una asistencia y condiciones económicas similares a las que ostentaron por decisión de los ciudadanos, aunque sin responsabilidad política alguna. Las otras críticas se han centrado en la inoportunidad de apoyar una ley de estas características tras la huelga general del 20-J y cuando hay otros temas pendientes de resolver de mayor calado político, como la reforma del Estatuto o la puesta en marcha de la Corporación Financiera de Bancaixa y la CAM. La presión interna ha llevado a los socialistas a plantear a los populares que, sin romper el consenso ni cambiar la proposición de ley, se arbitre en un futuro próximo alguna medida que corrija el malestar social y el coste político de la ley.