El TSJ se moviliza ante la acusación a una juez ligada a un club de alterne

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se movilizó ayer en relación con el auto remitido por una juez de Carlet que solicita que se tome declaración como imputada a una magistrada de Valencia, B. S. R., por su supuesta vinculación a un club de alterne sobre el que tomó decisiones judiciales. Según el juzgado de Carlet, hay indicios de un posible delito de 'cohecho y/o prevaricación'. El decano de los jueces de Valencia, Fernando de Rosa, pidió que se actúe con celeridad.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ, así como la Fiscalía -al frente de la cual está durante este mes el teniente fiscal Miguel Falomir- se pusieron ayer en marcha tras conocer los hechos relatados en el auto de la juez de Carlet, que considera que 'existen indicios' de la participación de la juez de Instrucción de Valencia B. S. R. 'en unos hechos que pueden estimarse constitutivos de cohecho [recibir provecho a cambio de una resolución injusta] y/o prevaricación [dictar sentencia o resolución a sabiendas de que es injusta]'. Según la magistrada de Carlet, B. S. R. actuó de forma irregular en el caso del club de alterne El Nogal de Valencia, en el que se han desarrollado varias operaciones policiales con detenidos e imputados por delitos contra los derechos de los trabajadores e inducción a la prostitución. Según el auto, B. S. R. cerró el club en noviembre de 1999, pero tras varios meses de ausencia de su juzgado y coincidiendo con su regreso, permitió su reapertura al cambiar la sociedad que lo gestiona. La juez de Carlet explica que los socios y gestores seguían siendo los mismos, algunos de ellos imputados en las operaciones contra la prostitución ilegal. Uno de ellos, J. O. F. -que fue policía nacional en Alzira y hace algunos años fue trasladado a Barcelona- está imputado en la causa de El Nogal y mantiene, según la juez de Carlet, una relación sentimental con la magistrada, por lo que ésta conocía supuestamente las actividades del local. Asimismo, hay indicios, siempre según el auto, de que a través de esa sociedad se ha pagado la casa de la juez de Valencia y se contrataron varios seguros sobre bienes a su nombre.

A primera hora de ayer, la Sala de lo Civil y Penal aseguró que aún no había recibido el auto remitido desde Carlet. Fuentes de la Fiscalía dijeron que oficialmente no tenían conocimiento aunque 'algo' habían 'oído'. Las mismas fuentes afirmaron que la institución solicitaría información sobre el asunto. Fernando de Rosa, decano de los jueces, afirmó al finalizar la reunión de la junta de gobierno del TSJ: 'No sabía nada y me siento dolido y preocupado, no he hablado con ella [la juez B. S. R.], espero que esto se resuelva cuanto antes por su buen nombre y el de la Justicia'. La juez afectada continuaba ayer al frente de la oficina judicial de la que es titular y rechazó hacer declaraciones. Fuentes de la Fiscalía afirmaron que en cuanto el auto entre en la Sala de lo Civil y Penal, se decidirá si se admite a trámite, 'aunque dado su contenido es muy probable que se abran diligencias y se llame a declarar a la juez', dijeron. El magistrado que instruya el caso dará traslado a la Fiscalía. El teniente fiscal apuntó ayer la posibilidad de que el caso lo lleve él personalmente.

Sobre una suspensión cautelar de la juez al frente del juzgado, las mismas fuentes apuntaron que la ley establece varios supuestos, como es el caso de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o los expedientes disciplinario o de incapacidad; el tribunal también podría acordar apartarla del ejercicio hasta que se resuelva el caso.

Por otra parte, el TSJ decidirá en breve sobre la acusación contra el juez de paz de Cortes de Arenoso por supuesta negación de la justicia. El contencioso se inició en 2000. Una empresa reclamó judicialmente al Ayuntamiento 18.030 euros por un estudio geológico que no le fue pagado. El juez de paz recibió primero un exhorto para comunicar las diligencias y luego otras nueve comunicaciones judiciales, algunas instándole a que explicara por qué no daba traslado, hasta que se abrieron diligencias contra él por no actuar.